El plan  está a cargo de la Secretaría General de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República  y se ejecuta  con el respaldo del artículo 147, numerales 5, 6 y 13 de la Constitución de la República que establecen, entre otras atribuciones y deberes del Presidente de la República dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control; crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación; y expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de la administración. Así mismo se respalda  con el   artículo 45 del Código Orgánico Administrativo  que determina que el Presidente  podrá crear, reformar o suprimir los órganos o entidades de la Administración pública central, cualquiera sea su origen, mediante decreto ejecutivo en el que se determinará su adscripción o dependencia;

El primer paso  para iniciar  este Plan de reorganización  comenzo en abril del 2024 cuando se expidió el Decreto Ejecutivo No. 245 que   dispuso regular el proceso de reforma institucional, dentro del cual se contempla la creación, modificación o supresión de las entidades de la Función Ejecutiva, observando tanto la normativa vigente como los criterios de optimización, austeridad, eficiencia y eficacia. Se dispuso que para iniciar este proceso comience con el pedido de una entidad pública   o la Presidencia de la República a través de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.

De acuerdo con el decreto:

•  Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
•  Ministerio de Cultura y Patrimonio  se fusiona al Ministerio de Educación.
•  Ministerio del Deporte se fusiona al Ministerio de Educación.
•  Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se fusiona al Ministerio de Gobierno.
•  Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica al Ministerio de Energía y Minas.
•  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se fusiona al Ministerio de Educación.
•  Ministerio de Turismo se fusiona al Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
•  Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social.
•  Secretaría de Inversiones Público Privadas se fusiona al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
•  Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público se fusiona a la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República.
•  Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete.
•  Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
• Viceministerio de Acuacultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

De otro lado se dispone las siguientes adscripciones:

• Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) se adscribe al Ministerio del Interior.
•  Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 se adscribe al Ministerio del Interior.

Entre tanto se espera que  el proceso de reorganización  de la Función Judicial  comience con la declatoria de estado de emergencia por parte del Consejo de la Judicatura, entidad que  ha sido un obstáculo  para la modernización de la administración de justicia, a tal nivel  que, no ha podido siquiera cambiar  notarios públicos, cuyos cargos, según la denuncias  se subastan.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Esta fusión  ministerial no es la primera  que se ejecuta. Los gobiernos  de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno  también  tomaron  limitadas medidas. En el gobierno de la revolución ciudadana  el decreto 813 de reformas al Reglamento de la Ley de Servicio Público  abrió la puerta para el despido de 500o empleados públicos con la figura de renuncia voluntaria, cuando en realidad  era una notificación directa  indirecta de que había sido cancelado el servidor público. Correa dispuso que los  cargos  vacantes sean  ocupados por militantes  de la RC.