DIARIO EL TIEMPO DE  QUITO

19 DE JULIO  DE  1978

Contra viento y marea

¿A QUIEN CULPAR?

Javier Simancas C.(Por Juan de la Luna S.)

El Tribunal Supremo Electoral ha llegado a las  mismas conclusiones del anterior organismo que funcionó hasta el 22 de septiembre e incluso ha revelado hechos más irregulares todavía, como es el caso de que algunas juntas electorales realizaron los escrutinios en sus domicilios.

Al igual que el anterior organismo, los actuales miembros, no han podido precisar, ni identificar  a los responsables de estas anomalías  que en el lenguaje político constituye el gran fraude electoral que anunció el doctor Rafael Arízaga Vega  y que,sin lugar a dudas, se produjo durante las doce horas de sufragio del 16 de julio anterior.

Antes del 22 de septiembre muchas conjeturas se tejieron alrededor de la  anulación  de los votos. Algunas con mucha base y otras como mera especulación. Lo que sí es cierto, es que los autores de estas irregularidades son militantes de un partido político que, seguramente hasta las vísperas del 16 de julio, estuvo completamente seguro de que no iba a ganar las elecciones y dispuso a sus militantes que  procuren, en la medida de las circunstancias,   dañar las elecciones.

Este partido, según las hipótesis de aquellos días de indecisión política, es Concentración de Fuerzas Populares, CFP. Ahora lo que se hace preciso es llegar hasta las últimas consecuencias, puesto que el Tribunal Supremo Electoral, aunque por distinto camino, ha llegado a las mismas conclusiones. Ha sido saboteada la voluntad popular y por consiguiente es indispensable que se determine definitivamente, con valentía y honestidad, a los autores intelectuales de estos acontecimientos que ponen en peligro el retorno a la normalidad democrática. 

Una comisión investigadora de alto nivel se hace indispensable en este momento en que nuevamente los nubarrones del caos político ensombrecen nuestro país. Esta comisión de miembros del  organismo  electoral y de los partidos políticos, así como del Gobierno, tiene que determinar en el menor tiempo, quienes tuvieron que ver con estas anormalidades. Para muchos, incluidos algunos ex candidatos presidenciales, los hechos puestos a la luz pública fueron provocados por la negligencia y falta de conocimiento de los miembros de las juntas receptoras del voto, para otros, como el caso de lo ocurrido en la provincia de Pichincha, tuvo su origen en los coordinadores del organismo seccional, todos pertenecientes a Concentración de Fuerzas Populares.

En definitiva, hemos vuelto a lo mismo. El camino recorrido por el anterior Tribunal y el actual ha llegado al mismo punto. Antes se denunció un fraude de grandes proporciones, ahora se dice que son anomalías, sin embargo, de que se han ajustado a la Ley de Elecciones, instrumento jurídico que han pedido se reforme, para evitar los problemas  que ahora son motivo de honda preocupación entre los ecuatorianos.

La mano negra existe. El descubrimiento de ésta y de sus cómplices  es un imperativo porque. de lo contrario, el proceso electoral y los ganadores presidenciales no podrán ejercer el Poder libremente, en vista de que sobre triunfo se tenderá el manto de la duda que hará débil el ejercicio de su mandato presidencial.

DIARIO EL TIEMPO DE  QUITO

8 DE JULIO   DE 1978

Contra viento y marea

EL LENGUAJE POLÍTICO

Javier Simancas C.(Juan de la Luna S.)

Oír hablar en términos como “...vamos a implantar la justicia social con libertad”; “en mi Gobierno se impondrá la Nueva Democracia”; “haremos la redistribución geográfica del ingreso...”; “Vamos a eliminar la explotación y la miseria”; “haré el Milagro ecuatoriano”; “nuestro gobierno será de los trabajadores del campo y la ciudad...”, en fin tantos slogans, como si se tratara de introducir algún producto en el mercado, es el nuevo lenguaje político que utilizan los presidenciables, dentro del libre ejercicio de la democracia en época dictatorial.

Pero, este lenguaje político   de las “nuevas figuras” es una vieja estrategia que ha sido registrada desde la época floreana, garciana, alfarista, juliana y velasquista y que reaparece luego de ocho años para exponerse  por  diferentes  canales como la radio, la televisión  y complementada con el discurso sin contenido pronunciado en las tarimas.

¿Cómo pretender un cambio social, una transformación de estructuras -entendido ésto  como lo pregonan los “nuevos políticos”- en América y en Ecuador, después de la experiencia Allendista en Chile y  antes en  República Dominicana?.

El tinte revolucionario de las tesis de Gobierno expuesta  unilateralmente por los partidos y alianzas electorales que respaldan a seis candidaturas presidenciales tienen una marca: engañando se engañan creando falsas ilusiones moldeando y distorsionando el sentimiento   de hombres y mujeres que esperan mejores días para sí y los suyos.

¿Qué pasaría si los ecuatorianos exigieran realmente el cumplimiento de tan sociales slogans?. Más honesto, real y práctico sería  que los futuros conductores del Gobierno constitucional dediquen sus esfuerzos a reformar, mejor dicho a “reconstruir” los vacíos  heredados en el campo  cultural, educativo, nutritivo, productivo, industrial, agrícola.moral,ético y político.

Hablar de cambios suena hueco, procurar reformas  interesante, hacer innovaciones, lo certero.Además  el orden    jurídico del Estado  no necesita promesas insurgentes  sino hechos concretos, cumplimiento fiel de la Carta Política aprobada en referendum, necesita encarar el problema indigenista relegado por siglos.Para gobernar  hay que estar de acuerdo con el sentido de las palabras, pero el “lenguaje político” es tal, como permanente  es el statu quo.

DIARIO EL TIEMPO DE  QUITO

3 DE JULIO   DE 1978

Contra viento y marea

¿QUIEN ES EL CULPABLE?

Javier Simancas C.(Juan de la Luna S.)

¿Quién o quiénes son los responsables del fracaso de los escrutinios de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República?

Si hubiera un jurado del pueblo inmediatamente pasarían al sillón  de los acusados: el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos y sus representantes que concurren a las audiencias públicas y  otros invisibles  cómplices y encubridores del delito de fraude de la voluntad  soberana  del pueblo.

Los miembros del Supremo Electoral son acusados por múltiples causas: sucesivos errores en la conducción del proceso eleccionario  desde el comienzo de su gestión; arrogancia de algunos de sus componentes que están provocando la desintegración del organismo; un ineficaz aparato técnico-administrativo, autor de los problemas de última hora que han tenido que afrontar los tribunales provinciales; e  incumplimiento de la ley,   reglamentos e instructivos.

Por estas causas  son responsables de las irregularidades cometidas y que han motivado la anulación de las elecciones en un número significativo de   juntas receptoras del voto en las provincias de Esmeraldas y Cotopaxi, y que al momento, ya no son “ un pálido reflejo de lo que vendrá  sino  un claro reflejo que se  ha burlado  la voluntad popular expresada  el 16 de julio.

  Hay que subrayar  que en vez de ofrecer soluciones, los tribunos pretenden eludir responsabilidades, tratando de endilgar la culpa a los organismos provinciales como  los autores de los hechos denunciados.

Por estas causas, si hubiera el jurado del pueblo, sus integrantes estarían sentenciados a fuertes condenas y sobre todo a la sanción moral de todos los ecuatorianos.

Los otros acusados representantes de los partidos políticos  que, en representación  de los bloques de derecha, centro e izquierda concurren a las audiencias públicas,  deberían ser juzgados por no denunciar las evidencias del fraude electoral, pero   al contrario, más bien coadyuvan a que las irregularidades descubiertas sean causa  de anulación, con el único propósito de perjudicar a los candidatos adversarios.

A esto se añade que cada agrupación, cada partido, ha olvidado su misión fundamental y ha dejado atrás la necesidad suprema de propiciar la unidad nacional tantas veces enunciada en retóricas intervenciones y nunca practicada.

La sentencia para estos responsables del fracaso electoral, sería más  severa que la impuesta para aquellos que son el obstáculo a la democratización del país.

Estamos a punto de culminar  el proceso de  democratización del Estado, y ahora más que nunca nos encontramos desunidos y desorganizados.

Parece que   quisieran que este proceso  fracase, y que sea el camino de la violencia y anarquía  la respuesta a la decisión popular de cambiar el estado de cosas y de volver a la normalidad constitucional, tan difícilmente  conquistada.