Pero, denuncia, que no se han producido las reformas necesarias para garantizar cambios duraderos,que siguen vigentes leyes utilizadas para criminalizar la disidencia y las fuerzas de seguridad mantienen esencialmente las mismas estructuras y prácticas.

La Misión  ha registrado  64 nuevos casos de tortura después del 3 de enero y que alrededor de  379 y 500 personas podrían seguir detenidas por motivos políticos.

Persiste la impunidad, mientras que funcionarios que participaron en graves violaciones continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave.Tampoco se ha adoptado ninguna medida para desarmar a los colectivos, que han sido una “fuente permanente” de intimidación y violencia a nivel comunitario.

El informe  denuncia que en el centro penitenciario de máxima seguridad El Rodeo I, siguen las  prácticas de intubación forzada y el confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la "máquina del tiempo". En Fuerte Guaicaipuro, se mantiene una instalación militar,  para el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo; las personas  están expuestas  al frío,  privadas de alimentos y otras prácticas degradantes.  Cientos de personas continúan expuestas a condiciones de detención deplorables, con acceso severamente restringido a agua potable segura, alimentación adecuada, medicamentos y atención médica, subraya la denuncia. 

Varioa detenidos por motivos políticos han muerto por  la falta de acceso a atención médica adecuada y con malos tratos. Entre los casos investigados figura el de Víctor Quero Navas, un vendedor ambulante que falleció bajo custodia mientras era víctima de desaparición forzada. A pesar de su incansable búsqueda de respuestas, su madre solo fue informada de su destino más de un año después de su detención y diez meses después de su fallecimiento. Carmen Teresa Navas murió diez días más tarde.

Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026, organizaciones de la sociedad civil  han registrado  al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos; el 94 % de las cuales ocurrieron antes de finales de 2025. Después del 3 de enero, la Misión identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Las ONG estiman que entre 379 y 500 personas siguen detenidas. La ausencia de información oficial, transparente y verificable hace imposible determinar con precisión quiénes han sido liberados, dónde se encuentran los que permanecen detenidos y cuál es su situación jurídica.

Los aparatos represivos del Estado operan con distintos grados de apoyo institucional y, en numerosos casos, en coordinación, complementariedad o convergencia con autoridades estatales y fuerzas de seguridad. La superposición es tal que miembros de esas fuerzas se han incorporado a grupos civiles armados y, a la inversa, integrantes de esos grupos han pasado a formar parte de organismos estatales.

La Misión encontró pruebas de relaciones de larga data que incluyen respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional. Cree que el Gobierno suministró regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio, facilitando así su extensa participación en el aparato represivo estatal.

Los colectivos han desempeñado funciones de vigilancia e inteligencia, identificado y localizado a personas buscadas por los organismos de seguridad y participado en la represión violenta de manifestaciones y en la persecución selectiva de opositores reales o percibidos del Gobierno. Su control sobre consejos comunales, servicios públicos y programas sociales les ha permitido también recompensar la lealtad política y castigar las críticas o la disidencia.

La Misión determinó que, cuando los colectivos ejercen elementos de autoridad pública conferidos por la legislación venezolana o actúan en operaciones específicas por instrucciones, bajo la dirección o el control de órganos estatales, su conducta es atribuible al Estado. Independientemente de si determinados actos concretos son atribuibles al Estado, el Gobierno venezolano incumplió su obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar los abusos cometidos por estos grupos.

"La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posible.Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible,", declaró Sofía Macher, presidenta de la Misión.