Por Ricardo Homs

El asesinato de Niñón Jr. en Jalpa, Tabasco, nos recuerda el drama que viven cotidianamente millones de familias mexicanas sometidas al “cobro de piso”. Niñón Jr. era un exitoso empresario tabasqueño, joven, dedicado a la producción de carnes frías. Por negarse a pagar “derecho de piso” sufrió primeramente el incendio de su local de venta al público y tiempo después, sus agresores le arrebataron la vida.

Este problema se vive a lo largo de todo México. Desde los aguacateros y limoneros de Michoacán, hasta los taxistas de Taxco y Acapulco, así como los locatarios de Chilpancingo y en general de todos los rincones del país. La poca o nula atención de las autoridades hacia este delito se deriva de la visión ideológica de la 4T. Consideran que “todos los empresarios son ricos” y si les cobran derecho de piso los proletarios delincuentes, “pues ¡que paguen!”.

Esta es la única explicación posible del por qué hay indiferencia gubernamental frente a este grave delito, que inicia con la afectación del patrimonio familiar y posteriormente violencia física, que puede llegar al asesinato.

Quizá hoy es el delito que más se comete en todo el país y el que menos se persigue. Parece ser que desde el ámbito gubernamental se considera un “delito menor”. Sin embargo, sus implicaciones como sucedió a Niñón Jr y muchos otros micro empresarios más, puede tener implicaciones funestas.

El Senado aprobó en 2024 una pena de 8 a 12 años de cárcel para quienes se dediquen al cobro de derecho de piso. Sin embargo, las fiscalías y las policías del país poco persiguen a estos delincuentes.

Tan cotidiana es este tipo de violencia que ya nos acostumbramos a vivir con ella. Los funcionarios públicos, de cualquiera de los tres poderes de la Unión y quienes estén en la política y el servicio público, -incluso gobernadores y alcaldes-, deben estar sujetos al escrutinio público continuo, sin derecho a apelar cuando son cuestionados. Deben estar obligados a clarificar todo lo que se les cuestiona.

En Campeche la gobernadora Layda Sansores demandó al periodista Jorge González Valdez, -ex director del portal Tribuna- por sus publicaciones incómodas y una jueza ordenó el cierre de ese medio de comunicación y prohibió a este comunicador ejercer el periodismo durante los próximos dos años, además de obligarle a pagar una indemnización de dos millones de pesos por daño moral, acusándolo de incitación al odio y violencia en contra de la gobernadora.

A su vez, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una ley sobre el “ciberasedio”, con implicaciones penales, que por su ambigüedad representa un peligro para la libertad de expresión.

Existen riesgos de que políticos y funcionarios públicos, demanden a quienes les cuestionen actos inmorales, excesos de poder, así como corrupción.

Coincidentemente la usuaria de la red “X” Karla María Estrella Murrieta, -quien acusó al diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de nepotismo-, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el argumento de violencia política de género, ya que ella cuestionó que la fuerte influencia política de él le permitió obtener un cargo público para un muy cercano familiar.

Castigar desde la posición privilegiada de formar parte del aparato de estado el ejercicio de libertad de expresión —ya sea de ciudadanos o de la prensa—, es una de las primeras formas de represión. Para quienes forman parte de un movimiento político que en todo momento se ufana de que no tolera la represión, demandar a un tercero por expresar sus opiniones o cuestionamientos, se convierte en un acto de hipocresía.

Quien tenga la piel sensible que no se dedique a ninguna de las actividades de la función pública o de la política.

Si perdemos la libertad de expresión, después perderemos la democracia.

¿A usted qué le parece?

@homsricardo

* Artículo tomado de El Universal de México con autorización de su autor para Noticias Equinoccio. www.radioequinoccio.com