El defensor   Fausto Jarrín en la demanda de recusación     confundió las causales del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), así como las figuras legales de competencia con las causales de recusación lo que permitió el rechazo y que   los impugnados   jueces penales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez  no pierdan  la   competencia  para seguir  el proceso  y hayan dispuesto  que las   audiencias  se   continúen  desde este lunes17 de febrero del 2020.

Gina Gómez de la Torre, defensora de los magistrados recusados  León, Saquicela y Rodríguez, dijo  que  “ al ser este caso un posible delito penal, no debió acogerse al arículo 22 del COGEP sino las normas del COIP. También dijo que sus defendidos no tienen intereses personales en el proceso ya sea por negocios o familiares y que tampoco tienen un negocio particular referente a esta causa.

  Gómez de la Torre ha dejado planteada la posibilidad  de plantear  que  sea suspendido en el ejercicio de su profesión el  al abogado  Fausto Jarrin por tratar de dilatar el proceso. Esta  sanción  es  responsabilidad  del Consejo Nacional de la Judicatura.  

  Correa está acusado, junto a otros  20 exministros y empresarios  de un supuesto delito de cohecho.  En la primera semana de audiencias  se han    presentado   pruebas testimoniales y periciales    de los empresarios  que obtuvieron contratos  públicos  sobre la   entrega de dinero  a los  exfuncionarios  de la revolución ciudadana para conseguir contratos.

Hasta  la semana pasada la  Fiscalía  General  del Estado  ha  presentado 52 acuerdos probatorios de  dicho delito

Para acusar a Correa Delgado, la Procuraduría General del Estado se basó en los elementos de convicción recogidos por la Fiscalía en la que  se demuestra la existencia de un esquema de corrupción dirigido desde la Presidencia de la República entre 2012 y 2016, para el cobro de sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de contratos y convenios de pago relacionados a obra pública. De ese sistema se beneficiaron ex funcionarios públicos y candidatos de Alianza PAIS (AP), así como el mismo movimiento político, a más de los empresarios privados, asegura  la entidad.

Según la PGE, Correa creó una red delincuencial de sobornos en su propio beneficio para mantenerse en el poder. Todo fue perfectamente organizado, sus ministros escogidos, así como los ministerios desde donde se hacía esta trama de corrupción.

 Así mismo sostiene  que el expresidente se rodeó de funcionarios de confianza, a quienes ubicó estratégicamente en entidades públicas que manejan un gran volumen de contratos del Estado. A través de esas personas se coordinó la recaudación de los sobornos pagados por los empresarios, quienes, a cambio, se beneficiaron de contratos y convenios de pago.

Así mismo se mantuvo un registro pormenorizado de los ingresos y egresos de dinero, con el cual se financiaron campañas electorales de Alianza PAIS y otros gastos, evadiendo los sistemas de control de la Función Electoral y del sistema tributario, ya que los aportes se hacían solo en efectivo o a través de pagos a proveedores que facturaban a las empresas contratistas del Estado. 

 A la Procuraduría General del Estado le es irrelevante quién es el acusado y si quiere o no participar en una elección popular. pero lo cierto es que Correa   únicamente con una sentencia ejecutoriada     quedará inhabilitado para ser candidato.

 Según la  PGE todos los involucrados   están tratando de deslegitimar la acusación,para que todo siga como ha estado hasta ahora y ellos poder continuar medrando de los dineros públicos.

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