Las acciones de repetición   las patrocina la Procuraduría General del Estado, entidad  que como  abogado del Estado(PGE)  tiene la obligación de  demandar  al  funcionario o servidor público   para que  devuelva  o reintegre  lo que el Estado paga por  indemnizaciones  a quienes fueron afectados  por la violación  de sus derechos.

 La Procuraduría General  participa en tres casos   de acciones de repetición: Camba Campos, Quintana Coello y  Sarayaku. Los tres procesos se encuentran actualmente en sustanciación ante los respectivos tribunales de lo Contencioso Administrativo de las ciudades de Quito y Ambato.

 En el caso Sarayaku  se busca   que unos  21 servidores y exservidores públicos  devuelvan al Estado alrededor  de  $ 1’404.344,62 que fue el valor  por   reparaciones   que recibió el pueblo indígena  de   Sarayaku  porque no se hizo   una consulta previa   sobre actividades petroleras  en sus tierras, no  consideraron   las afectaciones    a la vida e integridad de los miembros de esa comunidad  indígena al permitir  actividades de exploración  y búsqueda de petróleo  y fundamentalmente  por haber    autorizado el uso  de    pentolita, un explosivo de alto poder, para dichas  labores  exploratorias.

Estos  funcionarios, según la Procuraduría General del Estado   “por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus cargos”  deberán  devolver  dicha suma..  El consorcio petrolero que operaba  en territorio  Sarayaku,  suspendió definitivamente sus actividades por motivos de “fuerza mayor”.

Las acciones de repetición en los  casos  conocidos como: Camba Campos, Quintana Coello, son en  contra  del  ex Presidente de la República, Lucio Gutiérrez,  los ex diputados, ex jueces y ex vocales del Tribunal Constitucional, que  en una acción  concertada,  en el año 2004, destituyeron   a varios  jueces  de la Corte Suprema de Justicia y a    vocales del Tribunal Constitucional.

La  Corte Interamericana de Derechos Humanos,    condenó al Estado ecuatoriano a pagar una compensación económica superior a los 12 millones de dólares, porque, estableció que  se habían vulnerado los  derechos  de los  destituidos. El Estado  al momento  ha cumplido  en el 90 por ciento de la sentencia de la CorteIDH y los  ex jueces han recibido sus indemnizaciones individuales  que superan los 600 mil dólares, según cada caso.

 En la sentencia  la CorteIDH consideró que los diputados del Congreso Nacional, adoptaron una medida arbitraria y contraria a la propia normativa nacional; que el rol del Presidente de la República, en funciones a la época, fue determinante en los eventos que generaron la vulneración de derechos; mientras que los jueces de instancia tienen responsabilidad por cuanto conocieron y negaron las acciones de amparo propuestas.

 Finalmente se determinó que, la actuación de los vocales del Tribunal Constitucional de ese entonces, al emitir una resolución el 2 de diciembre de 2004, impidieron a los afectados interponer acciones de amparo en contra de resoluciones adoptadas por la Función Legislativa.

La Procuraduría General del Estado a nombre  de la  Presidencia de la República,    Asamblea Nacional y Consejo de la Judicatura, en conjunto,  una vez identificados los nombres de quienes con sus acciones u omisiones causaron la vulneración de derechos,  presentó las demandas de Acción de Repetición.