La Operación Lanza del Sur comenzó en noviembre de 2025,  con un despliegue  de  12 buques de guerra de la Marina,  liderado por el USS Iwo Jima (LHD-7),  los buques anfibios USS San Antonio (LPD-17) y USS Fort Lauderdale (LPD-28);cazas de ataque F-35B Lightning II y AV-8B Harrier II, helicópteros de operaciones especiales MH-60L/M Black Hawk y MH-6M Little Bird,vehículos aéreos no tripulados MQ-9A Reaper y dos unidades expedicionarias de Marines desplegadas ,22ª MEU y 24ª MEU.

Se reforzó con  el portaaviones nuclear clase Ford USS Gerald R. Ford (CVN-78)  que  posteriormente fue relevado por el Grupo de Ataque del Portaaviones Nimitz.

Según   expertos militares los  gastos  para  las operaciones  han superado   los 40.000 millones de dólares solo para buques, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford, su ala aérea de portaaviones y sus destructores de escolta. A esto se suman los costes de los aviones estacionados en la Estación Naval Roosevelt Roads (La Ceiba, Puerto Rico), que también fueron restaurados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., así como combustible, apoyo logístico, municiones guiadas y mantenimiento operativo.

Investigaciones periodísticas y análisis posteriores difundidos por diversos medios en Colombia, México, Reino Unido y España indicaron que las evaluaciones internas citadas por la prensa estadounidense concluyeron que las organizaciones criminales modificaron rutas, embarcaciones y métodos de transporte para compensar las pérdidas causadas por la operación, limitando sus efectos estratégicos a largo plazo.

Expertos  de las Naciones Unidas exigieron  este martes a Estados Unidos que ponga fin a lo que calificaron como asesinatos en el mar, por los  ataques aéreos   contra embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico.

Los expertos subrayaron que el derecho internacional no permite a los gobiernos matar a presuntos delincuentes simplemente por encontrarse en el mar, del mismo modo que la policía no puede ejecutar sumariamente a personas en las calles dentro del territorio estadounidense.

Según los expertos, los cárteles de la droga y las bandas criminales no están llevando a cabo ataques armados contra Estados Unidos y, por lo tanto, la lucha contra el narcotráfico debe considerarse una cuestión de aplicación de la ley y no un conflicto armado.

Los presuntos narcotraficantes, añadieron, no son combatientes y las muertes registradas deben considerarse ejecuciones extrajudiciales e ilegales.

El derecho internacional marítimo   exige, según los expertos, una respuesta basada en la aplicación de la ley y no en el uso de medios militares.

Advirtieron además de que los ataques podrían constituir delitos contra la seguridad marítima, lo que permitiría a otros países investigar y procesar a los responsables. También señalaron que varias embarcaciones adicionales han desaparecido en circunstancias sospechosas.

Por ello, exigieron investigaciones rápidas, independientes, imparciales y transparentes sobre todas las presuntas violaciones del derecho a la vida, así como la rendición de cuentas de los responsables, incluidos los mandos militares y civiles.

Las víctimas y sus familias, afirmaron, tienen derecho a una reparación integral, incluida una compensación y garantías de que estos hechos no se repetirán.

Los expertos también pidieron a otros Estados que no colaboren en posibles violaciones del derecho a la vida, por ejemplo, compartiendo información de inteligencia o poniendo recursos militares a disposición de Estados Unidos.