Una nueva investigación  de la ONU-Derechos Humanos recoge los datos de los tenebrosos actos que se han perpetrado no sólo  desde el pasado 28 de julio en que perdió las elecciones, sino de aquellos que se han registrado  desde el año 2014, con el único fin de mantenerse en el cargo de presidente con el respaldo de un sector de las Fuerzas Armadas y de los organismos  de represión estatal creados para sembrar el terror y la muerte. 

Esto es lo que encontró la investigación:

• Que la  Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en cumplimiento de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel han reprimido  a la oposición, incluso mediante  torturas de extrema gravedad, que  constituten  crímenes de lesa humanidad.
• Que  esta maquinaria fue puesta en marcha por el presidente Maduro y otras autoridades de alto nivel como parte de un plan deliberado del Gobierno para reprimir la crítica y la oposición.
• Que los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.
• Que se ha confirmado 122 detenciones, de las cuales 77 fueron  torturadas, víctimas de violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para  torturar tortura y cometer  actos de violencia sexual. 
• Que las torturas se llevan  a cabo en su sede “La Boleíta”, en Caracas, y en una red de centros de detención encubiertos en todo el país.
• Que el SEBIN ha torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas obedeciendo las órdenes  impartidas por autoridades del más alto nivel a funcionarios de menor rango.
• Que tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos.
• Que las  autoridades no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas.
• Que se mantienen las mismas estructuras, patrones y prácticas    por la presencia  de los funcionarios  que  fueron denunciados, pero que, en algunos casos,siguen trabajando para estos organismos e incluso  algunos caso han sido ascendidos.
• Que los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad.
• Que en  el estado de Bolívar, al sur del país, actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro
• Que la zona   del Arco Minero del Orinoco más conocida  como la "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional" está fuertemente militarizada, mientras que los grupos armados criminales siguen operando abiertamente, controlando las minas y las poblaciones.
• Que  en dichas zonas  mineras  se producen privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género producto de la   connivencia entre actores estatales y no estatales en algunas partes del estado de Bolívar.
• Que  el municipio Gran Sabana, al sur del estado, las fuerzas del Estado han atacado a las poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones  como torturas y privaciones arbitrarias de la vida. 
• Que  los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro en una región que  genera una riqueza lícita e ilícita procedente de los minerales de cantidades inmensas.