CIUDAD DEL VATICANO(Agencia ANE).- La Iglesia Católica condena la pena de muerte en EEUU y en el mundo porque considera que la vida es el fundamento de todo derecho humano.

El informe mundial  sobre los derechos humanos  difundido por la organización Human Rights Watch reitera esta visión de la situación ecuatoriana y  también hace referencia  sobre lo ocurrido en el país  durante  el mandato, a medio periodo, del gobierno presidido por el señor Guillermo Lasso.

El panorama  es el siguiente:

• Las instituciones democráticas, que fueron debilitadas durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017), siguen siendo frágiles y están marcadas por señalamientos de corrupción, injerencia en el nombramiento de autoridades y destituciones con motivaciones políticas.

• Hacinamiento y la falta de control estatal en las cárceles de Ecuador ha  contribuido para que pandillas se enfrenten, entre febrero de 2021 y octubre de 2022, al menos nueve ocasiones,  dejando  un saldo de aproximadamente 400 detenidos muertos.

• Protestas contra el gobierno de  junio  2021 fueron  contra el acceso inadecuado a la salud,  educación y  empleo  y  eliminación de subsidios a los combustibles, pero las Fuerzas de seguridad respondieron de forma abusiva  lo cual provocó el estallido de la violencia   de manifestantes o infiltrados.

• Corrupción, ausencia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, restricciones al acceso al aborto y escasa protección de niños y niñas y de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT)   

• Uso  excesivo de la prisión preventiva   y retrasos en la concesión de beneficios penitenciarios establecidos por ley.

• Guías penitenciarios no están debidamente preparados y son insuficientes para contener  violencia.
• Ecuador no  cuenta con datos precisos sobre el número y la identidad de los detenidos.  Informe de censo realizado no ha sido difundido.
• En Quito y Guayaquil  hubo uso excesivo de la fuerza frente a las manifestaciones pacíficas el por el  Día Internacional de la Mujer.  

• Las manifestaciones contra el gobierno  fueron reprimidas de manera directa. Los manifestantes culparon a infiltrados por hechos de vandalismo, saqueos y el bloqueo de insumos médicos que debían ser entregados a hospitales. 

• En los incidentes murieron  6  civiles y 1 militar   y  hubo más de 300 personas heridas, según organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación ecuatorianos.  
• Desde el  2022 rige la ley que prohíbe a las fuerzas de seguridad el uso excesivo, arbitrario o ilegítimo de la fuerza y que establece que el uso de la fuerza debe observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, humanidad, no discriminación y rendición de cuentas. La ley solamente permite el uso de armas letales cuando exista la amenaza de lesiones graves o muerte 

• Continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos, ausencia de garantías de debido proceso y presiones indebidas en la justicia.

• El diálogo entre el gobierno y movimientos indígenas para tratar las cuestiones que motivaron las protestas  de junio  concluyó el 14 de octubre del 2022 con más de 120 acuerdos.

• La Corte Constitucional dictaminó que las comunidades indígenas deben ser consultadas sobre los proyectos extractivos que puedan afectar sus tierras, y que solo en circunstancias excepcionales los funcionarios pueden autorizar proyectos sin el consentimiento de la comunidad.

• Gobierno declaró una moratoria temporal en 15 zonas extractivas e indicó que no otorgaría más concesiones mineras hasta que se aprobara una ley que regulara los procesos de consulta.

• Vigente Ley sobre aborto  con restricciones tales  como que primero se debe denunciar la violación a las autoridades.  

•  Corte Constitucional suspendió provisionalmente los artículos que exigían a las niñas víctimas de violación obtener la autorización de un representante legal para abortar.  

• Continúan  los obstáculos al acceso al aborto, así como la  estigmatización, los malos tratos, el temor a la posibilidad de enfrentar un proceso penal y la interpretación restrictiva de la excepción de salud.  

•  Entre enero y agosto del 2022 la Fiscalía General del Estado reportó 53 feminicidios –homicidios de mujeres  perpetrados por motivos de género.

• Ecuador reconoció   su responsabilidad en la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, un joven de 23 años con discapacidad intelectual. Guachalá desapareció de un hospital psiquiátrico en 2004 y Ecuador no cumplió con su obligación de buscarlo.

•  Casi el 30 % de las más de 14.000 denuncias de violencia sexual que registró el Ministerio de Educación de Ecuador entre enero de 2014 y abril de 2022 ocurrieron en escuelas públicas y privadas. 

•   Asamblea Nacional no cumplió  con las órdenes de la Corte Constitucional de revisar las disposiciones sobre matrimonio civil para incluir a parejas del mismo sexo; permitir la autodeterminación en los procedimientos de reconocimiento de género; regular los métodos de reproducción asistida; y permitir a las parejas del mismo sexo registrar a sus hijos con sus apellidos.