DIARIO EL TIEMPO DE QUITO

23 DE AGOSTO DE  1979

Espejo  del Ecuador

DECLARACIÓN DE BIENES

Javier Simancas C.

Yo nací pobre y siempre he sido pobre, expresaba el doctor José María Velasco Ibarra con  orgullo. Ser pobre, según dicen, fue una de las más grandes virtudes de este hombre que, por cinco veces  fue electo gobernante, de las cuales cuatro  derrocado. Su slogan de pobre  en cambio no encajó en aquellos que con él colaboraron, claro está, con honrosas excepciones.

La declaratoria de los bienes que poseen los altos funcionarios gubernamentales antes de asumir sus cargos, fue una norma implantada por el Gobierno dictatorial, presidido por el General Guillermo  Rodríguez Lara. Disponía  al comenzar  y    que cesar en las funciones  públicas los servidores, debían hacer una  Declaratoria para  saber su patrimonio, es  decir, cuánto tuvo  y  con cuánto salió, tanto en bienes inmuebles y dinero en efectivo.Esta disposición  dictatorial pocos ministros y  funcionarios  de alto nivel la cumplieron   salvo, asimismo, honrosas excepciones y ahora tenemos  nuevos ricos y una nueva clase media.

Este procedimiento ha sido adoptado por el nuevo Gobierno. Ya algunos altos funcionarios han declarado sus bienes ante las Notarías. Lo ha hecho el Vicepresidente de la República, Osvaldo Hurtado Larrea,  el Ministro de Obras Públicas.

 El gesto tendría mucho más valor, si como recomienda el Vicepresidente,se extendiera esta acción a las esposas de los funcionarios  y mucho más,  no solo a ellas, sino a todos los familiares que tengan nexos hasta el segundo grado de consanguinidad.

Para ello se hace indispensable una norma legal, de tal manera que esto se convierta en ley de la República. Sobre el particular ningún legislador ha pensado, porque los proyectos de ley preparados y presentados a la Cámara Nacional de Representantes, ninguno hace referencia a esta cuestión de vital importancia;  tampoco se han preocupado  y eso es extraño, proponer reformas a las leyes penales que impongan severas sanciones al enriquecimiento ilícito, a los sobornos, a las coímas.

Se ha dicho a nivel ejecutivo y a nivel legislativo que una de las principales tareas será la moralización administrativa del país, pero no se ha dicho la forma de cómo serán sancionados los que cometieron irregularidades administrativas saquearon  los fondos del Estado durante los años..

Los diputados están pensando en estructurar una comisión de investigación  para descubrir los delitos que han atentado contra el interés nacional, pero sin las normas legales que deben implantarse para sancionar  estos casos, no conducirá a nada esta sana intención moralizadora.

Estas investigaciones darían  buenos frutos; sin embargo los hechos quedarán en la impunidad, si no se legisla en forma específica para castigar a quienes se enriquezcan ilìcitamente.

Hay expectación ciudadana en torno a las medidas que se adoptarán en este campo de la moralización, que es uno de los aspectos fundamentales en los cuales deberá basarse la nueva democracia y la gestión del gobierno.