De un lado se ha puesto en tela de duda los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo que sirvieron de base para el informe que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,CIDH y de otro lado la versión oficial del gobierno.Solo hay algunas coincidencia que las víctimas murieron supuestamente en sitios en donde se produjeron los disturbios que derivaron en ataques, incendios, saqueos y esporádicos enfrentamientos directos con las fuerzas del orden.
El informe CIDH sobre las 11 personas que fallecieron se basa en datos no consolidados que recogió la Defensoría del Pueblo y que los entregó a la Comisión.Otras fuentes fueron informaciones que recolectó después de los episodios mediante entrevistas y diálogos con representantes de la sociedad civil y de familiares de las víctimas.
La CIDH afirma que, al menos,8 personas habrían muerto de manera violenta y/o como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza empleada por agentes estatales y los otros 3 como consecuencia de las lesiones sufridas por presuntas caídas o atropellamientos.
El gobierno por su parte informó a la CIDH que son 9 personas las que perdieron la vida en “accidentes relacionados con los disturbios; de los cuales 2 casos estarían siendo investigados como muertes violentas. "Los fallecidos perdieron la vida en el contexto de las protestas, más no necesariamente como fruto de excesos de acción policial", ha asegurado la versión gubernamental.
El gobierno le indicó a la Comisión que en el caso de José Rodrigo Chaluisa y Edwin Bolaños, identificadas como fallecidas, no aparecen en la base de datos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales -SIAF- de la Fiscalía, con acta de defunción expedida oficialmente ni entre los casos de presunta desaparición forzada denunciados ante las autoridades.
Sobre la muerte de Bolaños, la CIDH recoge el testimonio de su hermano, quien ha señalado que Edwin había fallecido el 18 de octubre como consecuencia del impacto de proyectil recibido el 11 de octubre de 2019 mientras participaba en las manifestaciones en la ciudad de Quito.En este caso, según lo relatado, un agente militar habría sido identificado como presunto perpetrador de los hechos,dice el Informe.
El Estado sostiene en cambio que “tras verificar los datos de 30 ciudadanos que llevan ese nombre, en las bases de datos del Sistema David 2012 no existe el registro de levantamiento de cadáver de una persona con ese nombre” y que “luego de indagaciones en casas de salud y morgues a nivel nacional, realizadas por el personal de la DINASED, tampoco se halló una persona fallecida con ese nombre”.
El informe incluye datos sobre la muerte de Mónica Patricia Castro Sánchez y su hija Kelly Gisella,asegurando que estas “ fallecieron por un incendio en su domicilio, ocurrido el 9 de octubre de 2019”. “El fuego se habría originado en una barrera encendida por manifestantes para bloquear una vía pública, que se extendió a la casa de las víctimas. Ellas murieron debido a tromboembolia pulmonar y falla multiorgánica ocasionadas por las quemaduras de grado II.
Respecto a la muerte del adolescente Gabriel Antonio Angulo Bone, la CIDH incluye en el Informe el testimonio de los familiares.Estos contaron que el 7 de octubre su pariente “ habría recibido un impacto a corta distancia por parte de un agente policial, en el municipio de Duran, Guayas, mientras observaba las protestas en el puente de la Unidad Nacional.
El mismo 7 de octubre, Edison Eduardo Mosquera Amagua, de 29 años, recibió un impacto de proyectil en la cabeza por agentes policiales en La Recoleta, centro histórico de Quito mientras participaba en las manifestaciones.Dice el Informe que Mosquera cae al piso en medio de la represión y tres Policías proceden a agredirle con patadas, puños, toletes.;Uno de los Policías, a corta distancia disparó un arma tipo escopeta en su cabeza y luego siguió disparando a mansalva la muchedumbre,según los testigos.
El 9 de octubre, Segundo Inocencio Tucumbi Vega, de 50 años, habría sido impactado en la cabeza durante un operativo policial en el sector de la Universidad Salesiana, norte de Quito Según declaraciones públicas de la Ministra de Gobierno, la causa de muerte habría sido como consecuencia de una caída.
La CONAIE reportó a la CIDH que el 9 de octubre, José Rodrigo Chaluiza, líder de la comunidad Yanahurco-Cotopaxi, habría fallecido en las inmediaciones del parque El Arbolito en Quito, por asfixia y arrollamiento. Al respecto el Ministerio de Gobierno informó que no ha logrado encontrar el nombre de esta persona en ninguna institución, por lo que podría tratarse “de un nombre repetido de la lista” en tanto coincide con el nombre y apellido de uno de los fallecidos en el puente de San Roque.
La CIDH registró el fallecimiento de Edgar Yucailla Álvarez, quien habría sido herido por un arma de fuego el 12 de octubre mientras se manifestaba en las inmediaciones de El Arbolito.
En cuanto a la muerte de dos personas en el puente San Roque, la CIDH advierte que estas murieron en un operativo de policial cuyas circunstancias indicarían una actuación represiva y violenta de los agentes.
El 6 de octubre de 2019, Ángel Raúl Chilpe, habría sido atropellado por un vehículo particular en el marco de las protestas ubicadas en la carretera Cuenca – Molleturo.
El 10 de octubre de 2019, Abelardo Vega Chisaguano, habría fallecido como consecuencia de un atropellamiento por parte de un vehículo de la policía.
El 11 de octubre, Silvia Marlene Mera Navarrete falleció como consecuencia de un accidente en moto ocasionado por los bloqueos en la zona de Malchinguí,cantón Quito.
QUITO.ENE.01.31.2020(AgenciAne)._ Continúan las contradicciones y desinformación alrededor de las circunstancias en las que murieron once personas durante los revueltas de octubre del 2019 en Ecuador.
De un lado se ha puesto en tela de duda los datos suministrados por la Defensoría del Pueblo que sirvieron de base para el informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,CIDH y de otro lado la versión oficial del gobierno.Hay algunas coincidencias como que las víctimas murieron, supuestamente, en sitios distintos de donde se produjeron los disturbios que derivaron en ataques, incendios, saqueos y esporádicos enfrentamientos directos entre los manifestantes con las fuerzas del orden.El informe CIDH sobre las 11 personas que fallecieron se basa en datos no consolidados que recogió la Defensoría del Pueblo..Otras fuentes fueron informaciones que recolectó mediante entrevistas y diálogos con representantes de la sociedad civil y familiares de las víctimas.
La CIDH afirma que, al menos,8 personas habrían muerto de manera violenta y/o como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza empleada por agentes estatales y los otros 3 como consecuencia de las lesiones sufridas por presuntas caídas o atropellamientos. El gobierno por su parte informó a la CIDH que son 9 las personas las que perdieron la vida en “accidentes relacionados con los disturbios; de los cuales 2 casos estarían siendo investigados como muertes violentas. Los fallecidos perdieron la vida en el contexto de las protestas, más no necesariamente como fruto de excesos de acción policial", ha asegurado la versión gubernamental.
El gobierno le indicó a la Comisión que en el caso de José Rodrigo Chaluisa y Edwin Bolaños, identificadas como fallecidas, no aparecen en la base de datos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales -SIAF- de la Fiscalía, con acta de defunción expedida oficialmente ni entre los casos de presunta desaparición forzada denunciados ante las autoridades. Sobre la muerte de Bolaños, la CIDH recoge el testimonio de su hermano, quien ha señalado que Edwin había fallecido como consecuencia del impacto de proyectil recibido el 11 de octubre de 2019 mientras participaba en las manifestaciones en la ciudad de Quito.En este caso, según lo relatado, un agente militar habría sido identificado como presunto perpetrador de los hechos,dice el Informe.El Estado sostiene en cambio que “tras verificar los datos de 30 ciudadanos que llevan ese nombre, en las bases de datos del Sistema David 2012 no existe el registro de levantamiento de cadáver de una persona con ese nombre” y que “luego de indagaciones en casas de salud y morgues a nivel nacional, realizadas por el personal de la DINASED, tampoco se halló una persona fallecida con ese nombre”.
El informe incluye datos sobre la muerte de Mónica Patricia Castro Sánchez y su hija Kelly Gisella,asegurando que estas “ fallecieron por un incendio en su domicilio, ocurrido el 9 de octubre de 2019”. “El fuego se habría originado en una barrera encendida por manifestantes para bloquear una vía pública, que se extendió a la casa de las víctimas. Ellas murieron debido a tromboembolia pulmonar y falla multiorgánica ocasionadas por las quemaduras de grado II.
Respecto a la muerte del adolescente Gabriel Antonio Angulo Bone, la CIDH incluye en el Informe el testimonio de los familiares.Estos contaron que el 7 de octubre su pariente “ habría recibido un impacto a corta distancia por parte de un agente policial, en el municipio de Duran, Guayas, mientras observaba las protestas.
El mismo 7 de octubre, Edison Eduardo Mosquera Amagua, de 29 años, recibió un impacto de proyectil en la cabeza por agentes policiales en La Recoleta, centro histórico de Quito, mientras participaba en las manifestaciones.Dice el Informe que Mosquera cae al piso en medio de la represión y tres Policías proceden a agredirle con patadas, puños, toletes.Uno de los Policías, a corta distancia, disparó un arma tipo escopeta en su cabeza y luego siguió disparando a mansalva a la muchedumbre,según los testigos.
El 9 de octubre, Segundo Inocencio Tucumbi Vega, de 50 años, habría sido impactado en la cabeza durante un operativo policial en el sector de la Universidad Salesiana, norte de Quito Según declaraciones públicas de la Ministra de Gobierno, la causa de muerte habría sido por una caída. La CONAIE reportó a la CIDH que ese día, José Rodrigo Chaluiza, líder de la comunidad Yanahurco-Cotopaxi, habría fallecido en las inmediaciones del parque El Arbolito en Quito, por asfixia y arrollamiento. Al respecto el Ministerio de Gobierno informó que no ha logrado encontrar el nombre de esta persona en ninguna institución, por lo que podría tratarse “de un nombre repetido de la lista” en tanto coincide con el nombre y apellido de uno de los fallecidos en el puente de San Roque.
La CIDH registró el fallecimiento de Edgar Yucailla Álvarez, quien habría sido herido por un arma de fuego el 12 de octubre mientras se manifestaba en las inmediaciones de El Arbolito.
En cuanto a la muerte de dos personas en el barrio La Ermita,más concretamente en el puente San Roque, la CIDH advierte que estas murieron en un operativo de policial cuyas circunstancias indicarían una actuación represiva y violenta de los agentes.
El 6 de octubre de 2019, Ángel Raúl Chilpe, habría sido atropellado por un vehículo particular en el marco de las protestas ubicadas en la carretera Cuenca – Molleturo.
El 10 de octubre de 2019, Abelardo Vega Chisaguano, habría fallecido como consecuencia de un atropellamiento por parte de un vehículo de la policía.
El 11 de octubre, Silvia Marlene Mera Navarrete falleció como consecuencia de un accidente en moto ocasionado por los bloqueos en la zona de Malchinguí,cantón Quito.
