El decreto  de declaratoria de emergencia que rige para casi la totalidad del territorio peruano, se encuentra en plena vigencia.

Se encuentran  en estado de emergencia .  las regiones de Puno, Cusco, Lima y el Callao por un plazo de 30 días calendario Esta medida  también se aplica para las provincias de Andahuaylas (Apurímac), Tambopata y Tahuamanu (Madre de Dios), así como para el distrito de Torata (Moquegua).

 El decreto señala, además que están en estado de emergencia por el mismo periodo las carreteras:  Panamericana Sur, la Panamericana Norte, Carretera Central Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y Corredor Vial Interoceánica. 

 En la región altiplánica, el Gobierno también dispuso  el toque de queda  o  la inmovilización social obligatoria por un plazo de 10 días calendario. Durante ese periodo, las personas podrán circular por las vías de uso público para adquirir o abastecerse de alimentos, tanto para su consumo o su posterior venta al público. De igual manera, tendrán permitido el tránsito vehicular quienes requieran de una atención médica urgente o de emergencia, o necesiten adquirir medicamentos. Al respecto, se precisó que estará permitida la atención en farmacias y boticas. 

Durante la inmovilización social obligatoria se exceptúa al personal estrictamente necesario que participe en la prestación de servicios de salud y medicinas, agua y saneamiento, agricultura, pesca, acuicultura, transporte, vigilancia y seguridad, delivery, restaurantes y hoteles. 

También quedan exentos los trabajadores de entidades que presten servicios financieros, funerarios, de asistencia, de energía eléctrica, de gas, de combustibles y de telecomunicaciones o quienes se dediquen a la limpieza y recojo de residuos sólidos y actividades convexas. Lo mismo aplica para las mujeres y hombres de prensa escrita, radial o televisiva, y los conductores de sus unidades móviles, siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística y su Documento Nacional de Identidad.

SITUACION  ACTUAL

El Gobierno es  cuestionado por la forma en cómo la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas actuaron en las regiones del interior del país frente a los manifestantes, quienes reclaman la denuncia de la mandataria, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales como salida a la crisis nacional.

Empresas encuestadoras aseguran que un 60% de peruanos sí justifican las protestas llevadas a cabo en diciembre del 2022 tras la vacancia y posterior apresamiento  del expresidente Pedro Castillo.