Esta Sala adoptó esta medida tras convertirse  en Tribunal de Alzada para conocer  sobre  el auto de   nulidad   emitido dentro del caso Pruebas Covid-19 Agentes-AMT por la jueza Verónica Medina.

Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley,  y otras  siete personas  son procesados  por    presunta participación en el delito de delincuencia organizada para la negociación de 21.000 pruebas para la detección del virus Covid-19.

La Sala Penal de Pichincha, conformada por los jueces Patricio Vaca (ponente), Miguel Narváez y la jueza Anacélida Burbano, –por unanimidad– determinó  que  dentro de las etapas de investigación previa e instrucción, la Fiscalía General del Estado no vulneró el derecho a la defensa de los procesados.

Así mismo  determinó que la jueza Medina no cumplió con los presupuestos del artículo 604 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para declarar la nulidad desde la fase de investigación previa. Los jueces  aseguraron que hubo  negligencia manifiesta de la jueza Medina por lo que pidieron al Consejo de la Judicatura  aplique las sanciones administrativas que se merece.

“La actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia. Tal es así que en el auto de nulidad se deja sin efecto sentencias dictadas en procedimiento abreviado”, dijo el juez Vaca, quien agregó que este accionar degeneró en un “daño a la administración de justicia”.

Tras haber revocado el auto de nulidad y declarado la validez de todo lo actuado por Fiscalía General del Estado, el Tribunal dispuso enviar la causa a la oficina de sorteos de la Función Judicial para que un nuevo juez o jueza sustancie la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. 

En su resolución oral, el juez ponente Patricio Vaca  llamó la atención a los abogados que patrocinaron la defensa de los Bucaram por las  constantes acciones dilatorias en el proceso, advertidas previamente por la Fiscal que lleva el caso.

Los defensores de los Bucaram:  Christian Romero, Kléber Riofrío y Francisco Onofa,  fueron  multados con dos salarios básicos unificados por desconectarse de la audiencia telemática, alegando un “derecho a la resistencia”.Los audios de la audiencia de apelación serán remitidos al Consejo de la Judicatura para que, dentro de sus competencias, se analice el comportamiento de dichos abogados que también fueron acusados de propiciar una serie de dilatorias  para obstaculizar el proceso.

El Tribunal  dijo  que estas  “maniobras dilatorias”, hacen daño a la administración de justicia  y  es  causal de manifiesta negligencia.