Entre las necesidades más urgentes se encuentran medicamentos y suministros médicos, alojamiento temporal, alimentos, agua potable y saneamiento,  apoyo educativo, comunicaciones de emergencia y rehabilitación de infraestructura.

Según la última actualización de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), al menos 186.182 personas, pertenecientes a más de 121.000 familias, han sido afectadas en 15 departamentos y 472 municipios. Hasta la noche del 17 de agosto se habían reportado 304 muertes, 4400 personas heridas y 426 desaparecidas, además de más de 26.500 viviendas destruidas. En el campo educativo   75.000 estudiantes  no tienen acceso seguro a sus escuelas, después de que 1631 instituciones locales escolares resultaron dañados y 263 sufrieran colapsos totales o parciales o quedaron en riesgo inminente. El Ministerio de Educación estima que cerca de 448.000 cupos escolares se han visto afectados.

Se necesitan reparaciones  en  al menos 16 carreteras y diez puentes  que incluso obstaculizan el movimiento de equipos humanitarios y suministros, especialmente en Chocó. A esto se añade  la presencia de grupos armados que  dificultan el acceso humanitario.

Antes del desastre, cerca de siete millones de personas en Colombia sufrían inseguridad alimentaria moderada o severa. En Chocó y Valle del Cauca, dos de las regiones más afectadas, cerca de una de cada tres personas se encontraba en esa situación. Estas regiones también han estado afectadas por el conflicto y el desplazamiento, factores que ahora se combinan con la pérdida de viviendas, ingresos y servicios esenciales.

En Chocó, unas 69.200 personas han sido afectadas en 29 municipios tras el terremoto, muchas de ellas pertenecientes a comunidades afrocolombianas e indígenas, y más de 3000 viviendas quedaron destruidas. En Valle del Cauca, al menos 72.670 personas resultaron afectadas, con daños extensos en viviendas, centros de salud y escuelas, donde cientos de instituciones mantienen las clases suspendidas. 

En el Eje Cafetero,Risaralda, Caldas y Quindío suman 120 muertes reportadas, con la mayor mortalidad concentrada en Risaralda. La respuesta humanitaria se centra ahora especialmente en Pereira y Manizales, donde se necesitan albergues temporales, evaluaciones estructurales, rehabilitación de hospitales y escuelas y obras para estabilizar carreteras y mantener el acceso a los servicios.

En Chocó, distintas agencias de Naciones Unidas y sus socios están reforzando la asistencia. En Quibdó, el PMA, UNICEF y otras organizaciones han proporcionado paquetes de alimentos a 350 familias afectadas, mientras UNICEF y sus socios han distribuido también kits de higiene familiar. Otros equipos trabajan en la instalación y mejora de duchas y baños para las personas alojadas en refugios temporales.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó que el desplazamiento, la separación familiar y la pérdida de medios de vida tras el terremoto pueden aumentar el riesgo de trata de personas, especialmente entre quienes se encuentran en albergues temporales o necesitan trasladarse en busca de ayuda.

La organización advirtió que redes criminales pueden aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas ofreciendo falsos empleos, transporte, alojamiento o asistencia. Recomendó a las familias verificar que cualquier ayuda provenga de instituciones oficiales y evitar entregar documentos personales o información sensible a desconocidos.

La protección es también una de las prioridades identificadas por los equipos humanitarios. En las zonas afectadas se necesitan espacios seguros para niños y adolescentes, mecanismos de reunificación familiar y medidas para prevenir la violencia de género en los albergues, además de atención psicológica y apoyo psicosocial.