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Sábado, 22 Agosto 2026 00:50

EN ECUADOR 97% DE CITACIONES JUDICIALES SON FISICAS

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QUITO (Agencia ANE).-El 97% de las citaciones judiciales en Ecuador continuarán entregándose de persona a persona,según el Consejo Nacional de la Judicatura, que descarta modalidad telemática.

Las citaciones telemáticas se hacen en un 3%. No se han impulsado    por  factores que trascienden el ámbito de gestión del Consejo,señala el Organismo que gerencia la función judicial. Aduce  que los impedimentos son  las condiciones legales que determinan la procedencia de cada modalidad de citación, la disponibilidad y actualización de domicilios electrónicos, el nivel de interoperabilidad con los sistemas administrados por otras entidades públicas y la persistencia de brechas de acceso, conectividad y alfabetización digital en determinados sectores de la población, particularmente en zonas rurales o de difícil acceso, circunstancias que limitan la utilización homogénea de los mecanismos telemáticos y condicionan el ritmo de expansión de estas herramientas.

La implantación de la citación telemática será progresiva y dependerá de la evolución del marco normativo, del desarrollo tecnológico, de la articulación interinstitucional y del incremento paulatino de las capacidades digitales de la ciudadanía,según el Consejo. 

El Consejo dice que en adelante  fortalecerá   la gestión de citaciones físicas, por ser la modalidad que soporta la mayor carga operativa del servicio y cuya adecuada   capacidad de respuesta resulta determinante para garantizar la continuidad y oportunidad de la actividad jurisdiccional. 

Reconoce, no obstante,  que   la gestión de citaciones físicas constituye una actividad de alta complejidad que demanda la articulación permanente de talento humano especializado, parque automotor operativo, conductores, planificación logística, infraestructura tecnológica, equipamiento, recursos presupuestarios y mecanismos de seguimiento y supervisión. Su ejecución, además, debe adaptarse a las particularidades geográficas, demográficas, territoriales y de carga procesal de cada provincia, por lo que la organización del servicio requiere esquemas diferenciados de planificación y asignación de recursos que respondan a las necesidades reales de cada jurisdicción. 

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