Correa  fue  condenado "en ausencia", pues vive  en Bélgica en calidad de prófugo de la justicia, mientras  que Glas  vive en la cárcel de Latacunga cumpliendo una condena por corrupción en el caso ODEBRETH.

 Tras la decisión  del Tribunal se inicia  otra  etapa  con un recorrido judicial  que no tiene plazos.  Los defensores de los sentenciados expresaron su desacuerdo con la condena  y han anunciado que apelarán  la misma ante un nuevo Tribunal de la Corte Nacional  y cuando este emita  su  fallo, los acusados podrán   plantear  un  recurso de casación como última instancia.

  El Tribunal sentenció a más de Correa  y Glas  a  los     exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera; a los exministros María de los Angeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado; al  exlegislador Christian Viteri  y a actual  la asambleísta Viviana Bonilla. Se libró de esta sentencia   Yamil Massuh, exasesor de la señora Duarte, mientras que  la  exvicepresidenta de la  Corte Constitucional y asesora personal de Correa, Pamela Martínez  y la ex exfuncionaria presidencial,Laura Terán recibieron  penas atenuadas por  colaboración eficaz y    se encuentran ya en libertad.

 Los empresarios sentenciados por haber  entregado las coimas  son:  Víctor Fontana, Rafael Cordova, Bolívar Sánchez, Edgar Salas, Ramiro Galarza, Alberto Hidalgo, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Mateo Choi y William Phillips.

 El  Tribunal  ordenó  que los implicados  una  reparación  económica integral  al Estado,  la publicación de la sentencia en tres diarios de circulación nacional, disculpas públicas por parte de los condenados en la Plaza de la Independencia de Quito, y el comiso de sus bienes inmuebles.Además ordenaron  que se  coloque  una placa en la Presidencia de la República del Ecuador, con el siguiente texto: «Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector». La placa incluirá la identificación del caso, del Tribunal juzgador y el delito por el cual se condena, en castellano y quichua.

Cuando se ratifique la sentencia en firme  Correa y los demás implicados  pierden sus  derechos políticos durante  veinticinco años, para lo cual se deberá notificar al Consejo Nacional Electoral

 Las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, concluyeron    que Correa  se había convertido en el jefe de una red de corrupción  que  operaba  desde la misma presidencia  de la República y bajo su directo control. Dicha estructura delictiva recaudó, en el periodo investigado 2012-2016, alrededor de  7’575.196,09 dólares; de estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.

 Correa  desde Bélgica y utilizando  su cuenta de twitter reaccionó asegurando que   "Conozco el proceso y lo que dicen los jueces es mentira. No han probado absolutamente nada. Puro falso testimonio sin pruebas", dijo.   "Esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada", agregó

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia   que sentenció  a Correa y su grupo    estuvo compuesto por los jueces Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela.

En la lectura  de dos horas,  el Tribunal determinó que Correa conocía de los "aportes indebidos",    que se ha comprobado que los pagos realizados a la estructura eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas.

  'Tanto dinero no puede ocultarse fácilmente, mucho menos si era manejado por su asesora Pamela Martínez, por lo que el Tribunal considera que Rafael Correa efectivamente tenía conocimiento de los fondos indebidos para posicionar su movimiento político”, dijo el juez ponente, Iván León.

  León dijo  que la víctima del delito es el Estado y que el Tribunal considera, tras su análisis, que la parte objetiva del delito está completa y probada, es decir que Fiscalía demostró la existencia de una estructura de corrupción.

 El Procurador General, en nombre del Estado  actuó como acusador particular. La acusación  del defensor del Ecuador  fue  (…) “ desde la Presidencia de la República, entre los años 2012 y 2016, se dirigió y estructuró un sistema mediante el cual se obtuvo fondos para la financiación de las campañas de Alianza PAÍS y para otros propósitos, de los aportes que se exigían a contratistas del Estado, a cambio de pagos que correspondían dentro de los contratos, para nuevos contratos, convenios de pago; todo esto por fuera la Ley.Esto   constituye el delito de cohecho, sancionado en el art. 286 del Código Penal, norma vigente al momento en que ocurrieron los hechos.”

Salvador pidió  una   indemnización   de USD 7 millones, multiplicado por tres que es el coeficiente que establecía el art. 286 del Código Penal, es decir, unos USD 23 millones.