El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia  entró a la etapa  de deliberaciones  y de análisis  sobre  el pedido fiscal  de imponer  una condena  de 8 años contra Correa y otros 20 ex funcionarios y empresarios que formaban parte de una red de corrupción que pedía coímas a cambio de  la adjudicación de contratos.

La Fiscal Diana Salazar aseguró  que con las pruebas presentadas por la Fiscalía, se demostró que existieron niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito y que la estructura delictiva recaudó 7’575.196,09 dólares. De estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1.130’420.108 dólares en efectivo

Por su lado el Procurador  Iñigo Salvador mostró a los miembros del Tribunal   cómo funcionaba la estructura delincuencial manejada por la cúpula del gobierno de Correa Delgado;  sin embargo  pidió apenas una reparación  por $23.025.588,27 más el monto de los contratos firmados con las empresas involucradas.

 En el caso sobornos 2012-2016  están involucrados    veintiún  sujetos, entre ex ministros y empresarios, incluidos los exgobernantes Correa y Glas   por su presunta participación en el delito de cohecho.

 Salazar  en la audiencia de enjuiciamiento de este jueves 5    demostró la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por      Correa   que  se  evidenció en la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia del delito,según dijo.

Pidió al Tribunal que los procesados sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas. También solicitó una reparación integral de 1.130’420.108 dólares –que corresponde a la suma de todos los contratos señalados dentro de la trama.Además deberían pedir disculpas públicas a la ciudadanía y   la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

Se estableció que   hubo  niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito  y que la estructura delictiva recaudó 7’575.196,09 dólares. De estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo,puntualizó Salazar por lo que acusó como autor mediato a Correa por tener el dominio de la organización, el poder absoluto sobre la estructura y ser beneficiario de los sobornos.

Mientras que, en calidad de autores directos, acusó a los exfuncionarios públicos: Jorge Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solis., Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Christian Viteri  y Viviana Bonilla  y a los empresarios: Alberto José Hidalgo Zavala, Víctor Manuel Fontana Zamora, Ramiro Leonardo Galarza Andrade, Edgar Román Salas León, Pedro Vicente Verduga Cevallos, Bolívar Napoleón Sánchez Rivadeneira, William Wallace Phillips Cooper, Rafael Leonardo Córdova Carva, Teodoro Fernando Calle Enríquez y    Choi Kim Du Yeon..

.Jamil  Massuh, ex asesor  de la señora Duarte no fue acusado    por cuanto las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de inocencia.Para Pamela Martínez  y Laura Terán pidió se les imponga la pena reducida en el 90%  por su colaboración eficaz. También solicitó se atenúe la pena en favor del empresario   Pedro Verdu, debido a que   suministró información relevante para el caso.

 Por su lado  el Procurador General del Estado,  Íñigo Salvador Crespo explicó al Tribunal  cómo funcionaba la estructura delincuencial manejada por la cúpula del gobierno   Correa Delgado y pidió una reparación por USD 23.025.588,27 más el monto de los contratos firmados con las empresas involucradas. 

Reiteró  que dicha estructura delictiva cometió el delito de cohecho para lo cual, cada uno de los involucrados, tenían su  propia identificación:  A1-SP-RC-RCD era  Rafael Vicente Correa Delgado;  A2-SVP-L1-JG, Jorge David Glas Espinel; VA-VAE, Roldán Vinicio Alvarado Espinel;  MD-L2,  María de los Ángeles Duarte Pesantes; WS-L3, Walter Hipólito Solís Valarezo;PM-C3, Pamela María Martínez Loayza; LT, Laura Guadalupe Terán Betancourt;AM, Alexis Javier Mera Giler;VB, Viviana Patricia Bonilla Salcedo y  CV, Christian Humberto Viteri López.

Así mismo  el acusador del Estado identificó a los representantes de empresas que ofrecieron y/o entregaron sumas de dinero por vías variadas a los funcionarios públicos, e ilícitamente fueron beneficiados con contratos o convenios de pago para lo cual  estos, en algunos casos, se prestaban para el   cruce de facturas y a la delegación para suscribir contratos y convenios de pago.

  Además, como medida de reparación simbólica requirió que los 21 procesados presenten disculpas públicas y reconocimiento de los hechos y sus responsabilidades, en uno de los medios de comunicación con difusión a nivel nacional.