El expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glas y otros 19 procesados, entre exministros y empresarios, están acusados del delito de cohecho para lo cual, según el informe, formaron una estructura delictiva que operaba entre el Palacio de Carondelet, el edificio La Unión, el edificio Concorde en Quito y el Colegio de Abogados del Guayas, en Guayaquil.
El informe de perfilación criminológica fue presentado por la experta, Alexandra Mantilla.Según el informe que expuso en la audiencia, confirma que se formó una estructura criminal, integrada por funcionarios públicos y empresarios de alto nivel, que estaban distribuidos por niveles de operación; es decir, manejada por líderes, tenía coordinadores y mensajeros y que incluso utilizaban jerga delincuencial.
Esta organización se desenvolvió en varios escenarios, entre ellos el Palacio de Carondelet, el edificio La Unión, el edificio Concorde y el Colegio de Abogados del Guayas,aseguró la perito. Dijo que desde el Palacio de Carondelet salían las disposiciones para cobros de dinero; en el edificio La Unión, ubicado frente a la Vicepresidencia(calle Benalcazar, funcionaba la oficina de Atención Ciudadana, creada por disposición de Correa.
La perito aseguró que esta estructura actuaba bajo un modos operandi bien organizado, que utilizaba una jerga delincuencial y que incluso estableció códigos para proteger la identidad de sus miembros. Por ejemplo Jorge Glas tenía el código JG - L1 y era identificado como el líder; María de los Ángeles Duarte como MD-L2 y Walter Solis como WS -L3,también catalogados como líderes; en cambio Pamela Martínez era PM-C3 con funciones de coordinadora.
El cuadro directivo lo conformaban en calidad de líderes Glas y Correa; el segundo nivel bajo la categoría de beneficiarios María de los Ángeles Duarte., Galo Mora, Viviana Bonilla y Alexis Mera. El nivel tres de los enlaces estaba integrado por María de los Angeles Duarte, Jorge Glas y Walter Solis. El nivel cuatro lo formaba el mensajero identificado como el exasambleísta Christian Viteri y en el nivel cinco estaba formado por las personas que revisaban la sistematización de los aportes y realizaban los reportes.
La perito concluyó señalando que los procesados y sus acciones se enmarcan en los cuatro requisitos que tiene toda estructura criminal: . colaboración de dos o más personas; que el ilícito era la búsqueda de dinero y poder ; y que existió jerarquías y personas a cargo de diferentes actividades.
Mantilla reveló que para obtener este perfil entrevistó a Pamela Martínez, Laura Terán, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Christian Viteri, quienes respondieron las preguntas voluntariamente. Terán confesó que únicamente cumplía las disposiciones de Martínez. Esta implicada, por su lado, ha revelado que Correa le delegó que lleve un registro del dinero ilícito, aportado por las empresas. María de los Ángeles Duarte,ha negado que haya recibido dinero de las compañías investigadas; Alexis Mera le confío que jamás firmó algún documento que no sea legal y que cuando no accedía a firmar algo, el expresidente pedía a otro abogado que lo hiciera.
Además, el exsecretario jurídico de Presidencia negó que Martínez le haya entregado dinero a través de un exasesor. Cristian Viteri acusó a Correa de que le obligaba a él y a sus colaboradores a aportar mensualmente diezmos para las actividades de Alianza País.
Hasta el miércoles han acudido alrededor de 30 personas entre testigos y peritos.El informe pericial determinó que en los denominados «Archivos Verdes» se registran pagos por cruce de facturas por más de 7,5 millones de dólares, que luego de haber sido analizadas y cotejadas –con información proporcionada por contratistas, proveedores y el Servicio de Rentas Internas–, se verificó la cantidad de 6,8 millones, sin que se haya evidenciado el servicio prestado.
