La petición que  fue tramitada por dicha agencia de la OEA,  fue planteada por  la Union Americana de Libertades Civiles, ACLU. Un comunicado  del Departamento de Estado  asegura  que  la CIDH permitió a la Union Americana de Libertades Civiles, ACLU aprovechar la audiencia para intentar obligar a Estados Unidos a “revelar prematuramente argumentos y pruebas en dos casos pendientes ante tribunales federales estadounidenses. 

“ La CIDH carece de la competencia para revisar los asuntos en cuestión, que conciernen a la interpretación y aplicación del derecho internacional humanitario, no del derecho de los derechos humanos, y no debería ser una pieza en una estrategia de litigio interno de la ACLU ni de ninguna otra parte,” dice el comunicado 

“Estados Unidos insta a la Comisión a que cumpla con su Estatuto y Normas de Procedimiento en el futuro y evite intervenir en asuntos que estén en litigios internos activos y que queden fuera del ámbito de los derechos humanos. Convocar audiencias en estas circunstancias corre el riesgo de socavar—no fortalecer—la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos”,advierte.

La Comisión necesita redirigir su atención hacia las peticiones individuales que languidecen en su agenda, a veces durante décadas. Esta Comisión debe a esos peticionarios abordar sus preocupaciones de manera oportuna, concluye.

La organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)   denunció  en en el marco del 195º período de sesiones  de la CIDH en Guatemala,   que  al menos 157 personas han perdido la vida por las   45 acciones armadas   en alta mar  realizadas por el ejército norteamericano hasta este mes de marzo.

ACLU solicitó a la CIDH:

• Iniciar una investigación exhaustiva sobre estos ataques letales.
• Documentar y emitir un informe sobre las implicaciones de esta política para los derechos humanos de víctimas, sobrevivientes y sus familias.
• Declarar que la política de Estados Unidos de realizar ataques letales viola el derecho internacional.
• Exigir la desclasificación de  “opinión secreta” del Departamento de Justicia, el documento que supuestamente sirve de base legal para justificar estas operaciones.

La CIDH, por su parte, aclaró que las audiencias temáticas no constituyen procesos o investigaciones formales.  De otro lado la CIDH  presentó  un documento con 50 recomendaciones para abordar   el crimen organizado, priorizando a las víctimas y asegurando la protección de los derechos humanos en todas las políticas de seguridad.

El documento subraya que todas las medidas tomadas para abordar el crimen organizado deben cumplir con las disposiciones del derecho internacional de derechos humanos, y en particular con los principios establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Las medidas también deben cumplir con el derecho internacional y respetar plenamente la soberanía e integridad territorial de los Estados, los principios de no intervención y no agresión, y la prohibición del uso de la fuerza.