Ecuador fue  examinado por  el Comité de la ONU contra la Tortura  la semana pasada  y  ha emitido  ya un informe basado en los datos que ha recogido la organización no gubernamental Amnistía Internacional. El documento abarca el periodo comprendido entre enero de 2021 y mayo de 2024 y da seguimiento al último informe periódico de Ecuador, recibido por el Comité en diciembre de 2020.

El documento   plantea  que  el Estado ecuatoriano  aborde  las causas profundas del hacinamiento de las prisiones, debido especialmente a las políticas punitivas contra las drogas,así como que  garantice la realización de investigaciones acordes a las normas internacionales, con el fin de llevar a los presuntos responsables ante la justicia.

 Pese a las importantes recomendaciones formuladas por el Comité en su anterior examen, la situación de las prisiones ecuatorianas sigue siendo igual de preocupante  con escasas mejoras estructurales y una crisis permanente de muertes bajo custodia, a lo que se suman numerosos informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos a personas privadas de libertad,anota el documento..

  La intervención de las fuerzas armadas ecuatorianas en la seguridad pública y la gestión de las prisiones, de conformidad con el fracasado discurso de “guerra contra las drogas”, ha dado lugar a numerosos informes de tortura y otros malos tratos infligidos a personas privadas de libertad,” puntualiza. 

 Subraya que la población carcelaria   ha aumentado en más de un 400% en 20 años, impulsada por el aumento de las condenas, el abuso de la prisión preventiva y la denegación de beneficios penitenciarios por delitos menores de drogas.

Acusa a Las fuerzas armadas de violar los derechos  humanos de los presos, los mismos  que reciben golpes con palos y cables metálicos, colocan a los detenidos  en posturas forzadas, hacen  simulacros de ahogamiento en tanques de agua,aplican  malos tratos con corrientes eléctricas e insultos,latigazos, palizas. Además, dice, ha habido  violaciones sexuales de presos, con penetración anal mediante palos y rifles, según las renuncias que han recogido de  organizaciones de derechos humanos  en determinados centros de detención del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, como la Penitenciaría del Litoral..

Según el informe, el  Poder Ejecutivo parece haber olvidado las medidas concretas deben tomarse para mejorar el sistema penitenciario  y ello a pesar de que el presidente Daniel Noboa, en el Decreto 111 firmado el 9 de enero, reconocía la crisis del sistema penitenciario y citaba específicamente extractos de las recomendaciones del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura en las que —tras su visita al país, en 2022— el organismo en cuestión pedía que las prisiones continuaran bajo control civil.

 El discurso público del presidente ha socavado una y otra vez los derechos de quienes defienden los derechos humanos de la población reclusa, a quienes ha calificado de “antipatrias”,señala.

Recomienda   adoptar de inmediato medidas para prevenir y detener la tortura y los malos tratos, y garantizar el acceso de la población reclusa a las necesidades básicas, como agua, alimentos y medicinas,restablecer de inmediato las visitas familiares y las llamadas telefónicas en las prisiones, así como los servicios de salud;permitir inspecciones rutinarias y presenciales de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones humanitarias y de derechos humanos acompañantes.

Además  abolir la prisión preventiva automática y favorecer medidas no privativas de libertad para delitos de drogas no violentos  y que la Fiscalía General del Estado  abra, sin demora, investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y exhaustivas sobre cualquier información o denuncia de tortura y otros malos tratos infligidos en prisiones, y garantice la realización de investigaciones acordes a las normas internacionales, con el fin de llevar a los presuntos responsables ante la justicia. 

Por último  pide que  ell Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, tome   medidas para garantizar que la intervención de las fuerzas armadas en las prisiones esté subordinada a las autoridades civiles y sea estrictamente supervisada, que el Ministerio de Economía y Finanzas, asigne todos los recursos necesarios al Sistema Nacional de Rehabilitación Social para garantizar que se faciliten a todas las personas recluidas alimentos y medicamentos adecuados; que las fuerzas armadas, suspendan a cualquier agente —con independencia de su rango— sospechoso de estar implicado en actos de tortura u otros malos tratos hasta que se realice una investigación imparcial e independiente, y garantizar que ningún funcionario público que sea hallado responsable, directa o indirectamente, de tortura y otros malos tratos sea empleado en ninguna otra institución de seguridad pública, fiscal o judicial.