El plan incluía  además  la  destitución  de la Fiscal General, Diana Salazar  para  borrar todos vestigio o prueba recogida que permitió  que la Corte Nacional de Justicia dicte sentencia  por lo actos de corrupción de Correa, Glas y una decena de ministros de Estado. Tener como  Contralor General del Estado a Juan Falconi Puig era otro de los objetivos paar   borrar todos los informes de responsabilidad penal y glosas establecidas, incluso en contra de la candidata presidencial, Luisa González.

La Corte Constitucional puso fin a este plan político y destituyó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, Alember Vera. Este funcionario, con apoyo de otros  consejeros de la misma  línea  política de la RC, habían iniciado la revisión del concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de la fiscal general del Estado,Diana Salazar  y  conformar una veeduría ciudadana con el fin de  diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo transitorio, liderado por el Julio César Trujillo.

Estos dos actos  eran contrarios  al dictamen constitucional 2-19-IC/19 que prohibía que se revisen las decisiones del CPCCS- transitorio. La Corte  para asegurar el cumplimiento del dictamen  resolvió  “destituir a Alembert Vera Rivera, en su calidad de consejero y presidente del CPCCS  y  a Ismael Merizalde Núñez, coordinador general de asesoría jurídica” de dicho Organismo. Asimismo ordenó  que el pleno del CPCCS en el término de 10 días deje sin efecto todas las actuaciones que han incumplido el dictamen 2-19-IC/19 y decidió   continuar con la evaluación y determinación de la responsabilidad de las y los consejeros Augusto Verduga, Andrés Fantoni, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Nicole Bonifaz y Mishelle Calvache, así como de los demás servidores del CPCCS.

En concreto Vera  fue sancionado por:

•  los actos relacionados con la revisión del concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de la fiscal general del Estado y
•  por  las actuaciones para conformar una veeduría ciudadana con el fin de diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo transitorio.  

El dictamen 2-19-IC/19 establece un conjunto de obligaciones para el CPCCS definitivo: Impedimento de tomar acción alguna respecto de lo actuado por el CPCCS transitorio, lo que no solo incluye dejar sin efecto sus actos, sino también, tomar cualquier acto preparatorio orientado a perfeccionar la voluntad administrativa;   conformar instancias de participación y control distintas a las previstas en el régimen de transición; o  reiniciar las instancias que ya fueron concluidas.

Vera  intentó abusar de los mecanismos de participación ciudadana y control social –en contravención de las normas que los regulan– con miras a generar instancias que permitan la revisión de, al menos, dos decisiones tomadas por el CPCCS transitorio: la designación de la fiscal general del Estado y el cese y designación de los jueces y juezas de la Corte Constitucional. Estos actos se tomaron en franca contradicción a las prohibiciones contenidas en el mandato popular interpretado en el dictamen 2-19- IC/19, señala la Corte.

El destituido  funcionario emprendió una campaña  en contra  de las decisiones  del CPCCS- Transitorio  inmediatamente después  de asumir  la Presidencia. El 30 de agosto de 2023 señaló que “parte de la debacle institucional que vive el país es producto del trujillato, es decir de la consulta popular del 2018 que, según él, se hizo sin dictamen favorable de la Corte Constitucional, con la obsecuencia del Consejo Nacional Electoral, traidores a la patria[...]”

La Corte Constitucional dispuso, de otro lado que el CPCCS deje sin efecto todas las actuaciones que hayan sido realizadas para anular todo lo actuado por el Consejo transitorio. En particular  deben quedar sin efecto todo lo que tenga relación directa o indirecta con: la queja recibida el 22 de mayo de 2023 en contra de la fiscal general del Estado  y  con el expediente de investigación 0178-2023, que provocaron el incumplimiento del dictamen 2-19-IC/19. Así como, también, todas las actuaciones administrativas relacionadas con la creación de una veeduría para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS Transitorio.