La misión de la Corte es garantizar la vigencia y supremacía de la Constitución, el pleno ejercicio de los derechos constitucionales y garantías jurisdiccionales, mediante la interpretación, el control y la administración de justicia constitucional, pero  ahora  se encuentra envuelta  en un lío político por la pretensión de un grupo de consejeros alineados  al movimiento Revolución Ciudadana, que intentan limpiar  el camino para el regreso del ex presidente Rafael Correa, cesando a los actuales jueces constitucionales y la Fiscal General del Estado, anulando una decisión constitucional que impide ello y que fue  adoptada  por el CPCCS Transitorio  en el año 2019.

 Este grupo encabezado por Correa y Jorge Glas  no quieren  responder  a la justicia por cargos  de corrupción comprobada conforme a la sentencias dictadas por la Corte Nacional de Justicia. y han instrumentado un plan  de desestabilización institucional a través  del CPCCS.

Este lunes se realizó la audiencia  para  escuchar  al  hasta ahora presidente del CPCCS Alembert Vera Rivera y a otros consejeros  sobre la formación de una veeduría ciudadana que iban a formar para iniciar  el proceso  de reorganización de los  jueces constitucionalistas y la destitución de la Fiscal General del Estado. Vera y la mayoría   del Consejo a través  de terceras personas y con la complicidad  de algunos jueces cantonales propiciaron la conformación de  dicha veeduría para "diagnosticar y evaluar" la designación de los jueces de la actual Corte Constitucional (CC), que en 2018 fue renovada  por decisión del pueblo  en una consulta popular. 

 Antes  de que comience  este proceso político-constitucional la Corte Constitucional dictaminó  que el actual Consejo no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio y que  está sujeto, de manera íntegra, a las reglas constantes en el artículo 208 10, 11 y 12 y artículos 209 de la Constitución.  

TONTOS UTILES 

La intención de anular lo actuado por el Consejo Transitorio y con ello  deshacerse  de los jueces constitucionles y de la Fiscal, como era la consigna  del ex presidente Rafael Correa  comenzó  en mayo pasado.

• El 12 de mayo del 2023, Betty Mercedes Moreira Marcillo y  José Antonio García Vallejo  presentan  a la entonces presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,CPCCS, Gina María Aguilar Ochoa, una solicitud para formar  una veeduría ciudadana para que diagnostique  y evalúe las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional que realizó  el CPCCS transitorio,CPCCS-T.
• El 17 de mayo, la oficina  de  Coordinación Provincial del CPCCS de Manabí recibe el pedido de la señora   Moreira y Vallejo.Esta delegación  niega el mismo  acompañado del respectivo   informe técnico jurídico.
• El 5 de junio  la fiscal general del Estado pide  a la Corte Constitucional que inicie el seguimiento del dictamen interpretativo  del CPCCS-T  del año 2019,dentro del proceso de investigación previa contra Vera  y otros consejeros.
•  El 8 de julio,la señora  Moreira Marcillo  presenta una acción de protección ante la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi, provincia de Manabí.
• El 24 de agosto  el juez de dicho cantón,   Leiver Patricio Quimis Sornoza   admite  la acción de protección propuesta.
• El 1 de septiembre el CPCCS  a través de su página web, convoca  a la ciudadanía  para que  propongan   nombres  para  formar la  veeduría   para  “vigilar, diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS transitorio”.
• Días después de esta  convocatoria, el presidente del CPCCS, Alembert Antonio Vera Rivera, en declaraciones públicas,  aseguró que  ” la veeduría  ciudadana tiene como objeto  revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato”.
• Entre tanto la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional solicita  información al presidente del CPCCS,  a la fiscal general del Estado y al juez de Montecristi sobre el proceso previo a la formación de tal Veeduría. La respuesta  llega el  5 de septiembre.
•   Entre el  6, 9 y 13 de septiembre   la vicepresidenta del CPCCS  y los consejeros   Mishelle Elisa Calvache Fernández,Andrés Xavier Fantoni Baldeón, Johanna Ivonne Verdezoto del Salto y Sócrates Augusto Verduga Sánchez, envian oficios a la Corte Constitucion  fijando de posición respecto a la mencionada veeduría.

 LO QUE HACE LA  CORTE

Desde este  lunes la  Corte Constitucional inició la  verificación de si las conductas de  Vera Rivera y de los consejeros, por acción u omisión, de forma directa o indirecta o por aquiescencia, han  contravenido el dictamen  emitido  por el Consejo transitorio del año 2019 y de toda la  documentación  sobre el proceso judicial  que permitió  avanzar en la formación de la veeduría ciudadana.

Hablaron - vía telemática- Vera;  Nicole Stephanie Bonifaz López, vicepresidenta del Consejo; los consejeros  Mishelle Elisa Calvache Fernández, Andrés Xavier Fantoni Baldeón,  Johanna Ivonne Verdezoto del Salto, Sócrates Augusto Verduga Sánchez y Betsy Yadira Saltos Rivas; el Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi, Leiver Patricio Quimis Sornoza y la Fiscal General, Diana Salazar. 

La Fiscal General pidió directamente  la destitución de todo el Consejo. La Decisión recien se conocerá  en la primera semana  de octubre.