Glas Espinel  volvió  a  proclamar su inocencia   aprovechando  una decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil  que  extendió a su favor una decisión para anular pruebas que  beneficiaron a políticos brasileños que también fueron investigados en el caso sobornos  de la constructora. En base  a esta decisión pidió a la justicia brasileña que extienda la exoneración a su favor.

 La Fiscalía General  del Ecuador asegura  que  la sentencia de ocho años de cárcel por el delito de cohecho,  fue emitida por un Tribunal de Justicia de la Corte Nacional y ratificada en apelación y casación  con base en las abundantes pruebas  que fueron obtenidas legal y objetivamente,  incluyendo  procedimientos abreviados en los que los condenados asumieron su responsabilidad; testimonios, peritajes y documentos. Añade la Fiscalía  que  durante el juicio se presentaron decenas de pruebas periciales, incluidas grabaciones de audio y transcripciones de las conversaciones entre los involucrados, en las que describen cantidades y métodos para cometer el crimen.A esto se sumaron testimonios de los propios condenados, quienes dieron cuenta de sus actos ilegales.

La Fiscalía General  rechazó este nuevo intento de desviar la atención de ciudadanía, en un esfuerzo por afectar la credibilidad y el trabajo comprometido de la Institución, y buscar la impunidad.

 El caso de los sobornos  a miembros de la Revolución ciudadana consta en un archivo de la Fiscalía de Brasil  que reveló que, entre 2006 y 2011, la constructora brasileña Odebrecht –judicializada por entregar pagos a cambio de adjudicación de obras– pagó más de USD 13,6 millones en sobornos por obras realizadas en el Ecuador.

La relación entre Odebrecht y el gobierno del expresidente Rafael Correa se afianzó  con la entrega de varios  contratos   millonarios  de infraestructura en  el sector eléctrico, petrolero, vial. Por estos contratos   también fue   sentenciado a 8 años de prisión  el ex presidente Correa. Está  acusado  de   dirigir una  red de sobornos y por haber recibido “aportes indebidos” para financiar económicamente a su movimiento político, entonces denominado Alianza País. Los pagos de la constructora brasileña superarían los USD 64 millones. Sin embargo, el proceso legal en Ecuador se centró en una obra del 2010.