El Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU,  Volker Türk admitió que aunque se han logrado avances, millones de personas no tienen acceso efectivo a la justicia y viven en condiciones de profunda injusticia, en contravención de la promesa del Objetivo de Desarrollo Sostenible que compromete a los Estados a "promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles".

Türk dijo  que las personas que viven en condiciones extremas de injusticia y privadas de cualquier protección significativa de la ley suman 250 millones a nivel global y que unos 4500 millones -el 60% de la población mundial-, están excluidos de las protecciones y oportunidades sociales, económicas y políticas que la ley les debería garantizar.

Explicó que esas personas carecen de títulos de propiedad de la tierra, documentos de residencia, documentación de vivienda o están empleados sin contrato en el sector informal, lo que resulta en la privación del acceso adecuados a la atención médica, la educación, los préstamos bancarios y mejores empleos. 

Otro dato lamentable es el que indica que las mujeres y los niños enfrentan los mayores obstáculos para acceder a la justicia, con más de mil millones de mujeres sin protección contra la violencia sexual por parte de una pareja, mientras que 1500 millones no tenían protección legal contra el acoso sexual en el trabajo, según cifras de 2017.

 El Alto Comisionado identificó a la corrupción como otro de los impedimentos para la buena gobernanza y la justicia y citó al informe de Desarrollo Sostenible que revela que el 15% de las empresas del mundo reportaron solicitudes de sobornos por parte de funcionarios públicos. 

Además, la corrupción en el poder judicial socava gravemente la legitimidad y la confianza en ese sistema fundamental del estado de derecho, añadió, advirtiendo que cuando las personas no creen en la legitimidad y la eficacia de las instituciones públicas, ni en su capacidad para abordar los conflictos, las quejas crecen y se enconan, convirtiendo las tensiones en violencia.

“Para que el estado de derecho desempeñe su papel en la reconstrucción de la confianza, las instituciones públicas deben ser más receptivas, justas y eficaces”, aseveró.