El dictamen  de la  Corte  cor   insta  al gobierno  renegociar el contenido de los artículos declarados inconstitucionales  y que el gobierno busque  alternativas,para que  no se transgredan los límites impuestos de la Constitución.El riesgo es que  tal dictamen podría quedar en el limbo  debido a que Lasso deberá dejar la presidencia de la República a más tardar el diciembre del presente años.

El dctamente señala  que la mayoría de los artículos del Acuerdo son constitucionales pero que el capítulo 11 que incluye al sistema financiero privado y extranjero debe ser regulado y controlado por medio de normas y entidades de control específicas y diferenciadas para  preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. El artículo 308 de la Constitución,dice el dictamen,   prevé que las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley.

Además determinó que los artículos 11.20, y 15.20 al 15.35, incluyendo los anexos 15.18 y 15.26 del Acuerdo (el capítulo 15 se denomina “Inversión”), son incompatibles con la literalidad del artículo 422 de la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto el Estado cede jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, toda vez que dichos artículos contemplan la posibilidad de que se solucionen controversias contractuales entre inversionistas, es decir, personas naturales y jurídicas privadas  y Estados, a través instancias de arbitraje internacional, como el CIADI. 

Asimismo  determinó que los artículos previamente mencionados no se encontraban incursos en las excepciones establecidas en el segundo inciso del artículo 422 de la Constitución.

Este  Acuerdo fue suscrito el 1 de marzo de 2023 en la ciudad de San José de Costa Rica por el presidente, Guillermo Lasso   y su  homólogo Rodrigo Chaves Robles. El  documento  fue remitido a la Corte Constitucional   para   que  realice  el  control  de constitucionalidad sobre dicho   instrumento  internacional.