Los enredos   giran alrededor  del borrador  de un reglamento que prepara una comisión de consejeros que  debía ser utilizado para   seleccionar  a los candidatos  para  designar  al reemplazo  del  ex contralor  Pablo Celi, enjuiciado y en prisión  por   corrupción.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, según la Constitución,  es parte de la  la Función de Transparencia y Control Social. Su responsabilidad  principal es  designar a las más altas autoridades de control fiscal del Estado: Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Consejo de la Judicatura, defensores Público y del Pueblo e impulsar  que la gestión pública sea transparente y combatir  la corrupción.

Los ecuatorianos en la consulta popular del 2018 decidieron que los consejeros  sean elegidos en sufragio libre y directo para un periodo de cuatro años. Así ocurrió y los designados por el gobierno de la revolución ciudadana fueron destituidos  y el pueblo escogió a sus reemplazos.

En dicha   elección los ecuatorianos se equivocaron al  elegir  personas  carentes de probidad, buenas  costumbres y  virtudes  morales.Como consecuencia   fueron destituidos  dos consejeros  que  ocuparon la Presidencia; incluso  uno de ellos está en la cárcel y otro también defenestrado  por  autoproclamarse  persona discapacitada para obtener  prebendas fiscales. Las vacantes fueron cubiertas por aquellos  que  estaban como candidatos alternos y que ahora se han  principalizado.

Ahora estos  reeditan episodios internos  alineados en  bandos  políticos y sobre todo  por el interés de  supervivencia  en los cargos.

 El  pleito  gira alrededor  de la reestructuración de la comisión encargada de incorporar   observaciones  al reglamento para el concurso de méritos y oposición  para nombrar al Contralor General del Estado.  Los consejeros Sofia Almeida  y David Rosero, que hacen las veces de presidenta y vicepresidente; Ibeth Estupiñán y Juan Dávalos están a favor de que se incluyan en el reglamento sugerencias de la sociedad civil, mientras que se oponen a ello los consejeros    Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira.

En los “ dimes y diretes” fue acusado el  coordinador del Consejo de no convocar a sesión para que se incorporen los aportes ciudadanos y cumplir con el plazo que se había establecido; de no  entregar actas y documentos para confeccionar el reglamento ni convocar a sesión para    la reestructurar  la comisión que se encargará  de reglamentar  a  la selección de candidatos para Contralor.

A esto se añade  que el borrador del cuestionado reglamento es  confuso. Es un reglamento “precocido”, dijeron. 

 Antes de este conflicto interno  hubo otro  relacionado con la remoción del vocal del consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, quien  fue restituido en el  cargo.

Fue la Asamblea Nacional  la que, de otra parte, negó a los ecuatorianos  una enmienda a la  Constitución   para iniciar  el proceso de extinción y el gobierno  de Guillermo Lasso está interesado en realizar una consulta popular para que el pueblo  decida su extinción y apruebe que la Asamblea Nacional sea bicameral. La Cámara del Senado  reemplazaría al CPCCS en las designación de autoridades  de control  fiscal.