Por Fernando Borja Gallegos

29 de enero de 2019

 La Fuerza Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacionales, se deben al Estado, están constituidas para garantizar la subsistencia del país al que se pertenecen, por ende, es fundamental que sean capacitadas para el sagrado cumplimiento de su deber.

Oficiales Generales, Superiores y subalternos, así como la tropa, si cuentan con una educación adecuada, de respeto al Orden Jurídico, a los derechos humanos, son positivos para la sociedad.

En Venezuela, en estos precisos momentos, la violación de los derechos humanos, los actos de corrupción y la anarquía generalizadas, han obligado a la Comunidad Internacional a reclamar elecciones libres a fin de que esos pueblos escojan sus gobernantes –sin fraude- sin miedos.

En toda Institución Armada, la disciplina es esencial, el respeto jerárquico es fundamental, ya que solo así se afirma su autoridad.

Pero no se debe confundir “respeto, disciplina y solidaridad” cuando se cometen actos reñidos con la moral por jefes o subalternos y no se los denuncia, no se los castiga. Por tanto, es esencial el castigo, sin miramientos para los antisociales que conculcan el derecho de los pueblos e infringen las normas jurídicas.

El pueblo civil y el pueblo armado son quienes forman la nación. Uno y otro son indispensables, por lo que no se los puede enfrentar.

En Venezuela la situación es insostenible: el ex presidente uruguayo José Mujica, afirmó que “la convocatoria a elecciones totales en Venezuela bajo tutela de Naciones Unidas daría una salida a la crisis”.

El Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, que asistió al Consejo de la Internacional Socialista, en Santo Domingo, República Dominicana, declaró “somos socialistas porque defendemos la libertad. Quien responde con balas y prisiones a las ansias de libertad y democracia no es un socialista, es un tirano. Los venezolanos tienen que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Y los nicaragüenses también”.

Debo destacar que la Unión Europea, “otorgó una semana a Nicolás Maduro para que convoque a elecciones y que en caso contrario reconocerá como Presidente al señor Guaidó”.

Se debe rememorar que Estados Unidos, Canadá y varios países latinoamericanos, reconocieron a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela.

Se infiere de lo expuesto, que la Fuerza Pública, tanto en Venezuela cuanto en Nicaragua, deben actuar en consecuencia, apegados a las normas morales y legales que les deben haber inculcado en los centros de formación militar y policial. No es admisible que las armas las utilicen para acallar el justo reclamo de sus conciudadanos.      

QUITO.FEB.02.14.2020(AgenciAne)._ El empresario Edgar  Arias, Juan Barberis,Gladyz  Analisa, fueron sentenciados por el Tribunal Provincial de Justicia de Pichincha a devolver 29’204.476  de dólares y cumplir una sentencia  de 7 años  de cárcel.

 QUITO.FEB.14.02.2020(AgenciAne)._  El expresidente  Lucio Gutiérrez Borbua, propone  reformas  al Código Orgánico Integral Penal, COIP,  para  establecer  pena de cadena perpetua  en contra de los gobernantes, políticos, parlamentarios, jueces  y consejeros del CNE corruptos.  

Por Fernando Borja Gallegos

11 de enero de 2019

En la República del Ecuador, lamentablemente, en estos precisos momentos circulan rumores de que “se evaluará al actual Contralor General del Estado” y, además, que en un futuro cercano se designará al Fiscal General, para cuyo efecto, se aceptó la hoja de vida de algunas personas.

El señor Presidente Lenin Moreno, en declaraciones públicas exteriorizó su preocupación “Por el lento  impulso de la Fiscalía General en los proceso penales relacionados con la corrupción. Pese a las denuncias del Gobierno y a los informes de la Contraloría General del Estado”

En mi artículo cuyo título es “ACTITUDES QUE PRESAGIAN TORMENTAS EN EL 2019”, publicado el 1 de enero del 2019, afirmé que “En América Latina la galopante corrupción y la falta de castigo de los responsables del caos económico y de la pobreza generalizada repercuten en la desesperanza de las sociedades. Salvo en pocas ocasiones, los jueces y fiscales en solidario entendimiento, difieren la persecución y sanción del delincuente”.

Tomando en cuenta lo expuesto, estoy seguro que la doctora Diana Salazar, quien en actitud impertérrita trabajó con eficacia y valentía en su cargo en el Ministerio Público, será designada Fiscal General, atendiendo a las cualidades anotadas y no a influencias extrañas al bien público.

En tanto en cuanto se refiere al Contralor General del Estado, doctor Pablo Celi, considero que ejerce sus funciones acorde con las disposiciones constitucionales y legales y, por ende, coadyuva al interés público al buscar  la sanción ejemplar de los individuos que se han apropiado de los recursos del Estado. Por tanto, la eficaz conducta del Contralor General ya fue evaluada por la sociedad.

Se infiere de lo analizado y dadas las circunstancias y hechos puntualizados, que la sociedad civil se debe unir para exigir la condigna sanción de los culpables de hechos dolosos y, en especial, debe actuar con la energía que corresponde en defensa de los pocos funcionarios que cumplen con su deber.

La actitud indolente de quienes administran la cosa pública, presagia, como afirmé en mi citado artículo, el debilitamiento del sistema democrático en América.

No es por demás, rememorar que ante la actitud irresponsable del Fiscal General del Perú, que pretendió excluir a los Fiscales del conocimiento de los delitos cometidos por ex Presidentes de la República en el denominado “Caso Odebrecht”, el Jefe de Estado con el apoyo de su pueblo, reaccionaron indignados y consiguieron que el Fiscal General se retire de su cargo y, también obtuvieron que los rectos Fiscales, continúen con la investigación de los delitos que escandalizaron a su Presidente y a su pueblo.

Por Fernando Borja Gallegos

1 de enero de 2019

En América Latina, la galopante corrupción y la falta de castigo de los responsables del caos económico y de la pobreza generalizada repercuten en la desesperanza de las sociedades. Salvo pocas excepciones, los jueces y fiscales, en solidario entendimiento, difieren la persecución y sanción del delincuente.

En el Perú, muchos de los ex jefes de Estado tienen prohibición de salir del país: Ollanta Humala y su esposa, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Alberto Fujimori; y, se tramita la extradición de Alejandro Toledo. Varios funcionarios de menor categoría son investigados por delitos comunes, como compra de votos en el Congreso, etc.

En Colombia, algunos ex funcionarios fueron sancionados y otros son asesinados para impedir que comparezcan ante los jueces que investigan hechos dolosos. Se debe destacar la investigación atinente al aporte de Odebrecht a la campaña del ex presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato Oscar Iván Zuloaga

En Brasil, la mayoría de los dirigentes políticos son acusados por el Ministerio Público dentro del caso conocido como “Lava Jato”. El ex presidente Luiz Ignacio Lula da Silva, fue sentenciado a 12 años y meses de prisión; y, la ex presidenta Dilma Rousseff, es investigada por delitos conexos con la corrupción. Ex legisladores y gobernadores fueron recluidos en cárceles estatales. Como es el caso del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. Así también el actual presidente Michel Temer, fue acusado formalmente por la Fiscalía por actos de corrupción

En Argentina,  sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se dictó orden de detención. La Cámara del Senado debe pronunciarse sobre el particular.

En Centroamérica,  ex presidentes se encuentran detenidos y otros prófugos de la justicia, como ejemplo: Alvaro Colom y Otto Pérez de Guatemala, Antonio Saca González y Mauricio Funes de El Salvador, Rafael Callejas de Honduras.

Si agregamos a este torbellino de delincuencia, los sobornos, asesinatos, sindicados, la falta de energía  para investigar a fondo el imperio del delito, puedo afirmar sin temor a equivocarme que, si no hay castigo ejemplar, América puede transformarse en una colonia penal o en un paraíso de delincuentes en que la impunidad consagraría el imperio del delito, como sostuve en el pasado.

Se infiere de lo expuesto, dadas las circunstancias y hechos puntualizados, que la sociedad civil debe unirse para exigir la condigna sanción de los culpables de haberse apropiado de los recursos públicos en detrimento del bienestar de los pueblos de América.

La actitud indolente de quienes omiten cumplir con su deber presagia, lastimosamente, el debilitamiento del sistema democrático.

Por Fernando Borja Gallegos

14 de enero de 2020

En la época contemporánea en que no es común el estudio serio, el análisis profundo y la controversia ecuánime y racional, aparece un trascendental planteamiento atinente a normas que competen a la actividad y atribuciones de la Contraloría General del Estado.

El referido estudio preparado por el señor doctor Wilson Vallejo Bazante, reconocido jurista y experto, por sus estudios y trabajos, en temas concernientes a la Contraloría General del Estado, llama la atención de todo interesado en la cosa pública o, mejor dicho, obliga a leer y empaparse sobre el contenido del artículo que, preparado por el destacado jurista Vallejo Bazante, con el título de “¿Contraloría o Tribunal de Cuentas? ¿Potestad sancionatoria o jurisdiccional?”, contempla un Tribunal de Cuentas, que se contrae a que la figura del Contralor General del Estado, se lo reemplace por ese Tribunal, conformado por siete miembros, que integrarían dos salas: de control y otra de responsabilidades; y, además, un pleno.

El mentado artículo, publicado en la Revista “Novedades Jurídicas”, de octubre de 2019, en la parte histórica rememora aspectos de control de recursos públicos en la Europa del siglo XIII; y, también recuerda que la Revolución del 9 de julio de 1925, conocida como la Revolución Juliana en el Ecuador, sentó las bases para la contratación de técnicos norteamericanos, como el caso del señor Edwin Walter Kemmerer, respetable profesor de la Universidad de Princenton, que asesoró en la reforma de la Hacienda Pública. Formó parte de la Misión Kemmerer la que organizó el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la CONTRALORIA GENRAL DEL ESTADO. En virtud del eficaz concurso de la Misión Kemmerer se expidieron varios cuerpos legales: Ley Orgánica del Banco Central, Ley de la Moneda, Ley Orgánica de Aduanas, LEY ORGANICA DE HACIENDA.

Por la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Hacienda, se incrementó la recaudación de impuestos y la correcta utilización de los fondos públicos en aquella época.

Subraya el doctor Vallejo Bazante, lo que preceptúa el artículo 212 de la Carta Política, en lo que tiene que ver en “dos áreas fundamentales: el control de los recursos públicos a través de las auditorías y la determinación de responsabilidades, administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.

Posteriormente, explica con lenguaje claro y concreto, la estructura del Tribunal de Cuentas, el Pleno, las Salas Especializadas, etc. etc.

Se infiere de lo expuesto, que el innovador cambio propuesto por el distinguido jurista Wilson Vallejo Bazante, amerita un estudio amplio sobre el particular, por ende, en un próximo artículo, ahondaré sobre tan importante tema, que exterioriza el espíritu innovador y recto que anima al autor de la propuesta

Por Fernando Borja Gallegos

4 de enero de 2020

El año 2011, aparecen las indignadas y los indignados que, auto convocados por medio de las redes sociales, se movilizaron en escala mundial, el 15 de octubre y el 15 de mayo de ese año, en más de mil ciudades de unos 90 países, para exigir “QUE SE VAYAN TODOS. QUE SE VAYAN TODOS LOS CULPABLES. BASTA DE DESPILFARROS DE DINEROS PUBLICOS. BASTA DE INMORALIDADES. BASTA DE MENTIRAS. BASTA DE IMPUNIDAD”-

En el año 2019, los indignados de ayer fueron los enardecidos de ese año, protestaron por las promesas incumplidas, por la corrupción, la impunidad y el imperio del delito.

En el año 2019, la protesta popular se incrementó, jóvenes y adultos, mujeres y hombres, en Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Irak, Irán, Hong Kong, Francia, España, etc., Se manifestaron con verdadera furia, se movilizaron exigiendo democracia, igualdad, salud, educación y fuentes de trabajo.

La furia e indignación popular unió a las masas, apartándose de sectarismos, para hacer públicos sus anhelos, desesperanzas y frustraciones.

En muchos casos, la represión fue excesiva, la dureza insólita, produjo muertos y heridos. La reacción fue inmediata, más furia, más reclamos. La muchedumbre lanzándose a las calles, violentas, enérgicas, imparables, destruyendo todo a su paso.

La creciente e imparable emigración en las diferentes latitudes, también aumentó la pobreza, la incertidumbre y la indignación: ejemplos, Siria, Irak, Líbano, Venezuela y que decir de Centroamérica.

No puede pasar desadvertida la movilización en Cataluña que dejó caos y desorden en la región. Los Chalecos Amarillos, cuya persistencia alarma al Gobierno de Macron. El fin o debilitamiento del Acuerdo de Oslo que aumenta la pugna entre Israel y los Pueblos Palestinos.

Que decir del debilitamiento de los Organismos Internacionales, cuyas recomendaciones son desechadas por muchos de sus miembros.

No puedo concluir el presente artículo, sin destacar las perspectivas de los Gobiernos en el año Veinte Veinte:

Donald Trump, será reelegido, considerando el incremento de puestos de trabajo, baja inflación y nacionalismo extremo. Vladimir Putin, será reelecto o reemplazado por Medvedev, extremo nacionalismo. China, Xi Jinping continuará como hasta hoy: nacionalismo y enérgica actitud frente a la protesta popular. Israel, continuará Benjamín Netanyahu como Primer Ministro. Emmanuel Macron, no renunciará a la Presidencia de Francia.

En América, de no adoptarse los positivos cambios que amerita el momento actual, la violencia imparable puede alterar el sistema democrático.

QUITO.FEB.13.02.2020(AgenciAne)._ Uno de los fracasos del gobierno de la revolución ciudadana es no haber podido reducir la pobreza en las zonas rurales y consecuencia de ello Ecuador sigue siendo uno de los países más pobres del continente.

Por Fernando Borja Gallegos

3 de enero de 2020

Todo indica que luego de varios años de incertidumbre, desesperanza y desaliento, el Ecuador, dio un interesante cambio en su política interna e internacional.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, desmanteladas por quienes propugnaron el imperio del delito, obtuvieron ahora, el apoyo indispensable que les permite cumplir con el deber que les imponen la Constitución y la Ley.

El Gobierno Nacional, reclamó que en Venezuela y Nicaragua se respeten los derechos humanos y, por ende, como lógica consecuencia, al no ser atendido lo solicitado, se apartó de los bloques integrados por irresponsables dictadores.

Luego de la reunión en Puerto Vallarta, México, de 24 de julio de 2018, los Jefes de Estado de México, Chile, Colombia y Perú, aprobaron el pedido de Ecuador de que se lo acepte como miembro de la Alianza del Pacífico.

El Ecuador se apartó del ALBA -Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe-, lo propio de UNASUR –Unión de Naciones Suramericanas-; y, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo –OPEP-

Nombró a prestigiosos ecuatorianos en el Servicio Exterior y, todo indica que el Ecuador no apoyará para la Secretaría General de Estados Americanos -OEA- a candidatos patrocinados por gobiernos que se han apartado del sistema democrático.

La sociedad ecuatoriana recuperó la libertad de opinión y la libertad de prensa, libertades sin las cuales no hay democracia posible.

La Vicepresidencia de la República tan venida a menos por los hechos que son de dominio público, se tornó transparente y positiva con la elección del economista Otto Sonnenholzner como titular de la Segunda Magistratura.

En el referido nombramiento hubo apoyo generalizado, por cuanto el economista Sonnenholzner, no se había distinguido como afiliado de partido político alguno, tampoco, como beneficiario de recursos públicos indebidos y, por lo contrario, se había destacado dentro del campo del periodismo y de la cátedra universitaria.

Dentro de lo positivo en lo interno: derogatoria del impuesto verde, derogatoria del decreto de incremento del costo de la gasolina y diésel, apoyo solidario a las personas con discapacidades.

Se infiere de lo expuesto, que el pueblo ecuatoriano, de seguir recibiendo los cambios prometidos por los personeros del Gobierno Nacional, puede abrigar la idea de que mejores días están por venir.