Estas organizaciones  hoy están cada vez más entrelazadas con la economía legal y utilizan su conocimiento de las cadenas de suministro, sus relaciones con empresas y los vínculos con actores corruptos para ampliar sus operaciones, según el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI).

El análisis menciona  que los carteles  de Sinaloa,Jalisco Nueva Generación, en México, así como el Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, en Brasil se han expandido  hacia la minería ilegal,  explotación de recursos naturales y el comercio de productos de alto valor y bienes agrícolas. Otras organizaciones criminales latinoamericanas están buscando nuevos mercados y rutas fuera de la región mediante alianzas con grupos locales, intermediarios y funcionarios corruptos en países de tránsito y destino. 

El informe destaca que las redes criminales pueden adaptarse con mayor rapidez que muchos sistemas regulatorios y de aplicación de la ley, aprovechando diferencias entre jurisdicciones y lagunas en los controles financieros y comerciales. 

Así mismo advierte que la inteligencia artificial generativa, las plataformas digitales y el llamado “crimen como servicio” están reduciendo las barreras para que las redes criminales amplíen sus operaciones y alcancen a víctimas en todo el mundo.

El  nuevo análisis de  UNICRI asegura que   la expansión de la IA de código abierto, los servicios de programación por encargo y la facilidad para crear plataformas en línea están ampliando las capacidades de las redes criminales. A ello se suman las comunicaciones cifradas, los activos digitales y modelos de “ciberdelito como servicio”, que permiten contratar o adquirir herramientas para cometer delitos sin necesidad de desarrollar internamente toda la infraestructura técnica. 

El impacto ya se refleja en el enorme alcance de las estafas en línea. Una encuesta citada en el informe y realizada en 42 países encontró que, en 2025, el 57% de los adultos había experimentado una estafa durante los doce meses anteriores y el 23% había perdido dinero. Las estimaciones sobre las pérdidas ocasionadas únicamente por estafas alcanzaron hasta un billón de dólares en 2024. 

UNICRI sostiene que el coste real del ciberdelito probablemente vaya mucho más allá de las pérdidas económicas directas. Entre sus efectos figuran la explotación de personas obligadas a trabajar en centros de estafas, el impacto sobre sus familias y las consecuencias más amplias para economías y sectores productivos.

Si la actividad delictiva puede adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías, mercados y entornos regulatorios,  no ocurre lo mismo en el sistema judicial que no camina frente a la   transformación.La justicia penal aún no  tiene una base para considerar  los cambios legales urgentes.