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Viernes, 29 Mayo 2026 01:05

EXPRESIDENTE ZAPATERO ANTE LA JUSTICIA EL 2 DE JUNIO

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MADRID (Agencia ANE).- El expresidente  del gobierno de España,José Luis Zapatero,líder del PSOE,deberá sentarse el 2 de junio, en el banquillo de los acusados de la Real Audiencia Nacional de España.

Tendrá que responder como imputado por  haber recibido más de 2 millones de dólares,  por un por supuesto tráfico de influencias y delitos relacionados al blanqueo de capitales.

La trama de corrupción  podría ser  el epilogo del gobierno  presidido por  Pedro Sánchez, quien y sus ministros  también afrontan  una serie de denuncias. Según la documentación del juez José Luis Calama Teixeira, del Tribunal Central de Instancia, de la Audiencia Nacional de España, Zapatero habría tenido un “papel predominante” para que la aerolínea  Plus Ultra,obtuviera fondos públicos para salvarse de la quiebra. Según una investigación periodística de Roberto Denis, publicada en el portal "ArmandoInfo", Plus Ultra “fraguó una sociedad con inversionistas venezolanos poco conocidos” como Rodolfo Reyes y Raif El Arigie que “significó la expansión de Plus Ultra”.

Se trata del rescate económico de la aerolínea con fondos públicos de España por 53 millones de euros (62 millones de dólares) en 2021, durante la pandemia, y que el exjefe de la delegación del partido Ciudadanos en BruselasLuis Garicano, denunció como ilegal debido a que la ayuda estatal se dio posterior a un préstamo “simulado” de la sociedad Panacorp. Esto evitó que la aerolínea se considerara en crisis, lo que habría imposibilitado recibir el rescate estatal, según las normas, cita la página web del partido.

“Se hace creer que la compañía tiene dinero para que puedan recibir la ayuda, pero en realidad los propietarios no se juegan el dinero porque lo tienen asegurado en una cuenta en Panamá”, dijo Garicano.

La casa de valores Panacorp  con sede en Panamá, ha estado bajo  investigación por asuntos de presentación tardía de informes financieros, en al menos cinco ocasiones, por los que recibió amonestaciones y multas por 4,200 dólares entre 2011 y 2019,así como otras dos investigaciones que concluyeron en infracciones “muy graves”,  en la que se multó al presidente de Panacorp Alcides Carrión  y a la misma casa de valores.

Carrión, panameño naturalizado de origen venezolano, se le multó con 15,000 dólares luego de inspecciones por ejercer la labor de oficial de cumplimiento o ejecutivo principal sin la licencia que lo haga idóneo para tal labor.Además, Panacorp recibió la sanción por 50,000 dólares, en 2022, por la “permisividad” de que un directivo desempeñara roles operativos “sin ser idóneo”.

En la inspección a Panacorp se encontraron expedientes físicos de clientes, uno de estos se identifica como “PL**01”, lo que pudiera ser las siglas de Plus Ultra“El cliente PL**01 usó el dinero como un préstamo participativo, el cual se reconoce dentro de la definición de valores de la Ley del Mercado de Valores de Panamá, que es una deuda subordinada al patrimonio, sin embargo dentro de la cuenta de orden de clientes y de los estados financieros de Panacorp no se divulga esa información como préstamo participativo tal como lo presenta PL**01 en sus estados financieros,es decir, no existe una concordancia económica, toda vez que en los estados de cuenta de PL**01 emitidos por la casa de valores están como préstamo de margen sin intermediar en el mercado de valores, solo retirado en efectivo, sin indicar para que se utilizó el “préstamo participativo” de Panacorp”.

Panacorp sostiene que el financiamiento a la aerolínea Plus Ultra corresponde a una operación privada, legal y debidamente documentada, ejecutada en el año 2017, es decir, varios años antes de la pandemia de Covid-19 y antes también de cualquier solicitud de apoyo financiero o rescate presentada posteriormente por la aerolínea ante el gobierno de España.

La transacción fue exclusivamente a una operación financiera realizada dentro del marco legal y regulatorio aplicable en ese momento, sin participación alguna en decisiones relacionadas con ayudas estatales, fondos públicos o procesos de evaluación gubernamental posteriores. Acotaron que ni la empresa ni sus ejecutivos están siendo investigados por delito alguno en ningún tribunal de España.

 
 
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