Este grupo fue depuesto por dicho Tribunal presidido por Jorge Acosta, hoy uno de los defensores de los acusados en el caso Sobornos 2012-2016, aduciendo que el Congreso Nacional no podía rechazar el pedido del presidente Rafael Correa Delgado para que se convoque a una consulta popular para que una Asamblea Constituyente redacte una nueva Constitución Política, puesto que el proceso electoral ya estaba en marcha y no podía ser interferido por nada ni nadie..
El pedido de reparación y compensaciones incluye la reposición de los cargos que tuvieron y si eso no es posible, se los indemnice por el tiempo que les faltaba para concluir el periodo para el que fueron electos..
El caso se encuentra en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organismo que inició recién esta semana las audiencias a las que asistieron delegados de los afectados y del Estado.
Los exlegisladores que demandan al Estado son: Fernando Aguirre, Antonio Álvarez, Fernando Alarcón, Nelly Macías, Raúl Auquilla, Eliseo Azuero, Eduardo Bautista, Ricardo Borja, Shirley Borja, Freddy Bravo, Lucia Burneo, Henry Carrascal, Leonel Cedeño, Edison Chávez, Lenin Chica, Fausto Cobo, Soledad Diab, Jorge Durán, Edgar Espín, Luis Fernández, Paco Fierro, Oswaldo Flores, Gloria Gallardo, Marco Granizo, Alfonso Harb, Orlando Ibarra, José Iturralde, Fernando Jalil, Carlos Larreátegui Nardi, Carlos López, Guadalupe Marcillo, Marielisa Márque, Rodolfo Maya, Jorge Mejía, Eduardo Montaño, Luis Morales, Teófilo Moscol, Luzmila Nicolalde, Antonio Noboa, Ximena Nuñez, Germán Obaco, Mauricio Ponce, Hugo Romero, Fernando Romo, Gioconda Saltos, Gissela Saltos, María Sánchez, Sylka Sánchez, Alfredo Serrano, Luis Tapia, Luis Fernando Torres Torres,Washington Vallejo y Natalie Viteri.
En esta lista constan algunos que hoy son asambleístas como es el caso de militar retirado Fausto Cobo, parlamentario andino; Raúl Auquilla, Eliseo Azuero. La CIDH excluyó al ex diputado Carlos Larreategui Nardi por haberse unido a la demanda extemporáneamente.
En el año 2007 los legisladores destituidos fueron reemplazados por sus suplentes.Estos respondiendo a las consignas del gobierno de Correa presentaron una denuncia contra 24 de los 57 diputados destituidos, acusándolos de haber sostenido una reunión en un hotel de Quito en donde, públicamente y con presencia de la prensa, cuestionaron el accionar del gobierno de Correa y defendieron sus derechos políticos conculcados.
La Fiscalía de Delitos Misceláneos de Pichincha abrió el expediente por el delito de sedición por lo que pidió prisión preventiva. Algunos exdiputados abandonaron el país y solicitaron asilo al gobierno de Colombia.
La denuncia ante la CIDH contra el gobierno es por violaciones a las garantías judiciales, irrespeto a la inmunidad parlamentaria en relación con el principio de legalidad y retroactividad, conculcación de sus derechos políticos, falta de igualdad ante la ley. Adicionalmente se han quejado de que sufrieron afectaciones a la vida e integridad al ser víctimas de diversos hechos de violencia como un ataque realizado por un grupo de individuos en motocicleta que hirieron con disparos de arma de fuego a varias personas incluyendo a asesores de los referidos diputados; ataques por parte de turbas que salieron a las calles.
Los demandantes han recibido el respaldo de la 117 Asamblea General Unión Interparlamentaria Mundial que recomendó se les devuelva a sus cargos.
La CIDH notificó a Ecuador en el 2018 que había decidido Admitir el pedido con el No. 123/17, en el cual, tras declararse competente para conocer la denuncia, determinó la admisibilidad de la petición en relación a los artículos 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 23 (derechos políticos), 24 (igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial), en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH. Así mismo, la CIDH manifestó que la petición era inadmisible en relación al artículo 9 (principio de legalidad y de retroactividad).
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