"Observamos con profunda preocupación las recientes declaraciones y acciones que, sin fundamentos, ponen en duda la integridad del proceso electoral en la República de Colombia y generan incertidumbre sobre el curso normal de la transición institucional," dice el comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

"En toda democracia constitucional, agrega,  la voluntad soberana de los ciudadanos —expresada libremente en las urnas y formalizada por las autoridades electorales competentes— constituye la base única de la legitimidad del poder público. Ignorar los resultados oficialmente proclamados por dichas autoridades constituye un grave desprecio por la voluntad popular y por los principios que sustentan el Estado de Derecho".

Así mismo  señalan que rechazan cualquier acción, declaración o decisión que busque deslegitimar el mandato conferido por los ciudadanos, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes o obstruir la transición institucional, conocida en Colombia como el proceso empalme. La transición entre gobiernos no constituye una concesión política, sino más bien un deber constitucional e institucional diseñado para garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento efectivo de la voluntad popular.

Finalmente hace un  firme llamamiento a todas las autoridades colombianas para que actúen en estricta adhesión a la Constitución, la ley y los principios democráticos; respetar los resultados oficialmente proclamados por las autoridades electorales competentes; y garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente, de acuerdo con los más altos estándares del Estado de Derecho.

Entre tanto  el Consejo de Estado rechazó una de las casi 20 demandas que cursan actualmente contra el acto que oficializó la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, acciones que han sido impulsadas por el Gobierno Petro.El alto tribunal consideró que no se cumplían con los requisitos judiciales ni legales para realizar un estudio de fondo frente a la acción judicial promovida por el abogado Luis Guillermo Pérez Casas.