La CONAIE denunció  que la ley sustituiría las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, reduciendo la protección del territorio —rico en cobre, crucial para la transición energética, pero también en oro y plata, especialmente en la Amazonía— a una mera formalidad burocrática y sin garantizar procesos reales de toma de decisiones colectivas ni el consentimiento previo.

También señala que la flexibilización de los controles ambientales y administrativos, en particular en lo que respecta al uso del agua, podría debilitar la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles y afectar ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, sin abordar los problemas estructurales de desarrollo y con el riesgo de posibles tensiones sociales en los territorios. Por lo tanto, la CONAIE instó al Parlamento y al movimiento político Pachakutik, que representa al movimiento indígena, a rechazar el proyecto de ley.

El gobierno defiende el proyecto de  reforma busca   "atraer inversión, crear empleo, impulsar la economía y combatir la minería ilegal".

La Constitución establece que el presidente puede enviar proyectos de ley clasificados como urgentes en materia económica a la Asamblea Nacional, pero estipula que, "mientras se discuta un proyecto de ley clasificado como urgente (...) no puede enviar otro, a menos que se haya declarado el estado de excepción", una medida vigente en varias provincias ecuatorianas afectadas por altos niveles de inseguridad.

En 2019 y 2022, la CONAIE realizó masivas protestas callejeras contra el descontrolado costo de vida del país y para exigir subsidios a los combustibles, una moratoria de la deuda externa y la no privatización de sectores estratégicos. También  se lanzó a las carreteras  para paralizar al país   en contra  del  un acuerdo de 48 meses  firmdo con el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de promover una serie de políticas económicas orientadas a la sostenibilidad financiera del país.