Estos actos, de distintas características, han sido perpetrados por docentes, autoridades escolares, miembros del personal escolar, conserjes o estudiantes.El Ministerio de Educación excluye de estos datos al personal escolar contratado externamente, como los conductores de transporte escolar, como perpetradores. no obstante los conductores de transporte  fueron presuntos responsables  de al menos 78 casos.

Según el Ministerio de Educación  en dicho periodo recibió alrededor de  6.516.  denuncias de  casos de violencia sexual que han afectando a un total de 7.303 niños, niñas y adolescentes. Desde 2018  dicha Secretaría de Estado  entrega  mensualmente a la Fiscalía General del Estado  todos los casos que no han sido denunciados ante la Fiscalía. El 98,9 por ciento tienen una denuncia oficial y hay casos que  la Fiscalía no  acepta las denuncias o porque los miembros de la comunidad educativa se enfrentan a amenazas o extorsiones. La mayoríade violencia sexual no se denuncian. Se estima que menos del 10 por ciento de las personas sobrevivientes presenta una denuncia ante las autoridades.

Se ha comprobado  que  la presentación de denuncias sigue viéndose socavada por actitudes discriminatorias profundamente arraigadas entre el personal educativo y por prácticas que revictimizan a las personas sobrevivientes. Estas prácticas incluyen no creer en la palabra de las víctimas, minimizar el abuso y obligarlas a contar sus historias innumerables veces.

Un reciente  informe  de Human Rights Watch señala que desde 2018 el Ministerio de Educación creó una base de datos integral llamada Registro de Violencia del Ministerio de Educación (REDEVI) independiente del Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Ecuador y el  Registro Único de Violencia (RUV.

El RUV ha enfrentado obstáculos debido a los limitados avances institucionales en la recopilación y desarrollo de datos, así como a la falta de coordinación entre instituciones.

No obstante el Registro de Violencia del Ministerio de Educación (REDEVI) y el RUV  recopilan diferentes categorías de datos y tienen sus propias bases de datos separadas lo que da lugar a una imagen incompleta de la prevalencia de la violencia sexual en el ámbito educativo.  De otro lado mientras que el Ministerio de Educación recopila información sobre la relación entre la víctima y el agresor para establecer si la violencia ocurrió en el ámbito educativo, el Consejo de la Judicatura, recopila información sobre la profesión del agresor.

Señala de otro lado que existen limitaciones  para   la recopilación y publicación de estadísticas como las siguientes:

• El Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura no recopilan datos sobre el tipo de plataforma o servicio de mensajería donde ocurrió la violencia sexual digital, según la información proporcionada a Human Rights Watch.

• El Ministerio de Educación no publica datos sobre la condición de discapacidad, a pesar de recopilar esta información.

• El Ministerio de Educación no clasifica a los conductores de transporte escolar como actores dentro del sistema educativo, lo que significa que el número de casos de violencia sexual en el ámbito educativo está subestimado.

• El Ministerio de Educación no recoge información sobre raza/etnia. Sin embargo, el ministerio afirma que, aunque no recopila datos sobre raza u origen étnico, proporciona servicios integrales a todas las víctimas y trabaja con otras instituciones gubernamentales para promover los derechos y prevenir la violencia sexual teniendo en cuenta estos factores. 

Los medios de comunicación, la sociedad civil y los y las fiscales ecuatorianos continúan denunciando o procesando casos atroces, incluidos aquellos en que el personal docente o escolar abusó sexualmente de varios estudiantes.Las crisis nacionales, como los confinamientos por la pandemia de Covid-19 y la violencia generalizada relacionada con el crimen organizado, también han afectado la respuesta del gobierno en zonas con altos niveles de violencia de género. El aprendizaje en línea planteó desafíos únicos para mantener a los niños, niñas y adolescentes a salvo de la violencia sexual, incluyendo la capacidad del personal escolar para detectar y responder a posibles abusos, anota  la citada organización internacional.