En la placa también constaran los nombres de los ex ministros y empresarios que cometieron el delito de cohecho para apropiarse de manera irregular de los dineros públicos a través de contratos públicos obtenidos gracias a los sobornos que recibieron los altos funcionarios gubernamentales.
“Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector,” dirá el texto que deberá escribirse en la placa,según la sentencia dictada por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia..La sentencia además indica que debe contener todos los nombres de los acusados de cohecho y que sea publicada en español y quichua.Así mismo el Tribunal ordenó que los sentenciados a ocho años de cárcel, publiquen el texto de la resolución en los diarios El Universo, El Comercio, Expreso o El Telégrafo; que Correa, Glas y los demás sentenciados pidan disculpas públicas a todos los ecuatorianos.
El Tribunal finalmente ordenó el comiso de los bienes inmuebles de cada uno de los sujetos sentenciados..
Pero para que se cumpla esta sentencia se deberá transitar por otras instancias judiciales: las de apelación, casación e incluso llegar hasta la Corte Constitucional. Una vez que se ratifique en firme, los sentenciados pierden sus derechos políticos para ocupar cargos de elección popular o de carácter administrativo por el lapso de 25 años.Este grupo se unirá a la lista de centenares de miles de sentenciados que han perdido sus derechos políticos que solo los recuperan una vez que cumplan la sentencia, mediante resolución del Tribunal Contencioso Electoral.
La sentencia de ocho años de cárcel contra Correa, el exvicepresidente, Jorge Glas y otros 16 exfuncionarios y empresarios fue dictada una vez que se comprobó que estos formaban parte una red de corrupción para que se adjudiquen contratos públicos a cambio de coimas.
Aunque el monto es insignificante en relación a la cuantía de los contratos, la sentencia de cohecho dictada logró confirmar una serie de contratos ínfimos que dejaron pistas, frente a otros en los que la justicia, el gobierno y menos los organismos de control fiscal han podido encontrar la ruta del dinero o blanqueo del mismo.
Según la sentencia, el Tribunal comprobó los pagos realizados a la estructura de corrupción y que eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir, a Correa y Glas.En consecuencia fueron autores mediatos por instigación.También señaló que con el delito de cohecho pasivo propio agravado existió la finalidad de cometer otros delitos como peculado y otros, que la Fiscalía debe investigar;dispuso que el Estado reciba una indemnización de USD 7.675.196,09 valor que multiplicado por tres que es el coeficiente que establecía el artículo 286 del Código Penal, sumaría alrededor de USD 23 millones.
Queda pendiente en la Fiscalía concluir la investigación sobre otras denuncias de corrupción por alrededor de $3.500 millones para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto de abril del año 2016. Otros caso son las denuncias de sobreprecios en la la reparación de la refinería de Esmeraldas cuyas obras se contrataron por $754 millones y terminaron costando $ 2.230 millones; de las obras preliminares de aplanamiento de terrenos, construcción de vías y campamentos y canales de agua para la refineria del Pacífico que, en principio, tenían un costo menor a las 500 millones pero que pasaron a costar 1.521 millones; las obras del Poliducto Pascuales Cuenca que se contrataron en $ 250 pero terminaron valiendo $ 623 millones.
Otras denuncias son la del terminal Marítimo Monteverde, en Santa Elena, que fue contratada en 210 pero subió a $ 371 millones y de la planta de gas de Bajo Alto, en El Oro, que subió de 36 a $76 millones.
