La Corte Constitucional,mediante sentencia,ordenó al Ministerio de Defensa Nacional, sin perjuicio de la acción de repetición a la que hubiere lugar, que entregue como compensación por concepto a los padres y familias por daño inmaterial la cantidad de $10.000,00 por cada uno de los niños víctimas de desaparición forzada: Josué , Ismael, Steven y Nehemías.Además otros $5,000.00 a favor de los núcleos familiares de las víctimas.
El Ministerio deberá depositar el dinero en las cuentas bancarias que los padres y madres de los niños designen. Así mismo los padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, tíos, tías y primos hermanos de los niños,recibirán del Ministerio de Salud Pública atención psicológica, psiquiátrica,médica y medicamentos.Si dicho Ministerio no contase con los recursos humanos, médicos, materiales o institucionales, deberá contratar o derivar dicha atención a entidades privadas, de la sociedad civil o Instituciones de Educación Superior que cuenten con la especialidad pertinente, debiendo asumir los costos que se deriven de tal efecto.
Por su lado el ministerio del Interior elaborará un reglamento que establezca protocolos obligatorios de actuación, comunicación y entrega inmediata de las personas aprehendidas a las autoridades policiales y fiscales competentes; delimitar las funciones de las FFAA en apoyo a la seguridad interna y garantizar que todo procedimiento se ejecute bajo el principio de interés superior de la niñez. El reglamento deberá ser elaborado y aprobado en el plazo de un año.
La Corte,así mismo, dispuso que la Asamblea Nacional realice las reformas a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas y al Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía General del Estado deberá, por su lado, realizar las adecuaciones necesarias al “Protocolo de Actuación Interinstitucional para el Registro de Denuncia, Investigación, Localización y Cierre de Casos de Personas Desaparecidas”.
La CC deja a salvo las acciones constitucionales que pudieren presentarse en el futuro y que, de conformidad con la Constitución, puedan ser de conocimiento de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Según la CC los niños Josué -14 años-, Ismael -15 años-, Steven -11 años- y Nehemía -15 años- fueron víctimas de desaparición forzada.
LO QUE OCURRIO
El 8 de diciembre de 2024, 11 niños salieron a jugar fútbol en el parque Covien,cerca de las Malvinas. Entre ellos, se encontraban Josué, Ismael, Nehemías y Steven, quienes pertenecían a la etnia afrodescendiente. Alrededor de las 20H30, mientras regresaban a sus hogares, cerca del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el centro comercial Mall del Sur, estos niños fueron aprehendidos por los miembros de dos patrullas militares de la escuadrilla de combate GOMAI “DURÁN-TAURA (TANGO CHARLIE)”.Tras la aprehensión, las patrullas militares se dirigieron “al sector de la Parroquia Taura”. Cuando regresaron al “puesto de mando alterno del GOMAI ‘Durán’ en el Ala de Combate número 21”, lo hicieron sin los niños. Aproximadamente a las 21H00, los otros 7 niños regresaron a sus hogares y alertaron sobre la persecución del personal militar.
Alrededor de las 22H40, “un sujeto no identificado” realizó una llamada a uno de los padres de los niños. En dicha llamada proporcionó información sobre un posible paradero de los niños, del estado en el que se encontraban y uno de ellos pidió que los rescaten.
El 9 de diciembre de 2024, los padres presentaron una denuncia en Fiscalía. De la información suministrada por la Policía, se conoce que las primeras entrevistas dentro de la investigación previa se realizaron el mismo 9 de diciembre de 2024; y que, para el 11 de diciembre de 2024, la Policía ya tenía información sobre la aprehensión de los niños por parte del personal militar, así como el nombre de los miembros de las patrullas militares que habrían participado en ella.
El 20 de diciembre de 2024, mediante el informe FA-JKE-2024-0004-O,40 el comandante del GOMAI-DURÁN (“GOMAI-DURÁN”) informó al Comandante del Comando de Operaciones Aéreas, Espaciales y Defensa que el personal de la patrulla de combate militar “no indicó ni dio parte de los nombres de los niños aprehendidos ni a qué agente de policía o autoridad competente se los entregó”.
A juicio del comandante del GOMAI-DURÁN, este hecho habría constituido una infracción disciplinaria al “dejar al personal civil aprehendido en la parroquia Taura”. Por ello, recomendó que dicho personal sea investigado por un tribunal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía provincial formuló cargos contra 16 miembros de la patrulla militar por el presunto delito de desaparición forzada.Además, confirmó la muerte de los cuatro niños, cuyos restos fueron hallados con signos de incineración y violencia.
El 22 de diciembre de 2025, el Tribunal de Garantías Penales del cantón Guayaquil dictó, de forma oral, una sentencia condenatoria en contra de dieciséis militares procesados.
Esta sentencia fue notificada por escrito el 24 de febrero de 2026.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Ecuador se apresta a denunciar el caso ante las cortes internacionales de derechos humanos, buscando que el Estado y sus autoridades sean sentenciadas por el delito de lesa humanidad. Además de ello, que se ordene más indemnizaciones por los daños materiales e inmateriales provocados en contra de las familias de los niños desaparecidos.
