Las violentas protestas que han estallado en distintos puntos del Perú ocurren tras el derrocamiento del presidente Pedro Castillo y ahora porque exigen la renuncia de la Presidenta. La fiscal de la Nación Patricia Benavides, dispuso iniciar la investigación preliminar contra Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior.
En Perú el delito de genocidio es castigado con una pena de cárcel no menor de 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los miembros de un grupo o el sometimiento de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física de manera total o parcial, entre otras circunstancias.
Entre tanto el Gobierno acordó declarar “duelo nacional laborable” para este miércoles “en respeto a los caídos” en las protestas, que suman 47 personas fallecidas y expedir un decreto supremo que declara el toque de queda en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana”.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola lamentó la “pérdida irreparable” de los peruanos fallecidos en las protestas, que desde diciembre pasado suman 39 manifestantes muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, 7 por hechos vinculados a las protestas y el policía cuyo cuerpo fue calcinado esta madrugada.
“El fantasma de la violencia irracional volvió a servirse en el Perú”, declaró tras insistir en su respaldo a las fuerzas policiales.
LO OCURRIDO
Durante los enfrentamientos registrados este lunes en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, en la región Puno,murieron 17 personas, entre ellas, un bebé recién nacido por el bloqueo de carreteras que impidió el paso de una ambulancia.
LIMA,10 ENE.2023(Agencia Ane)._ La presidenta Dina Boluarte, tres ministros y dos exministros comenzaron a ser investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, por la muerte de, al menos, 47 personas y decenas de heridos debido a los enfrentamientos ocurridos desde diciembre y continuaron en este mes de enero.