La denuncia  fue hecha  por  la Ministra de gobierno, Nataly Morillo, quien acudió  a la Fiscalía General del Estado, en Quito,  para entregar la documentación  que serviría  de base para  la investigación   sobre  el involucramiento  del expresidente, Rafael Correa,  el alcalde  de Guayaquil, Aquiles Alvarez, ahora imputado y preso por otros delitos; así como Fernando Cornejo, expresidente del Directorio de SEGURA EP; Franklin Asqui, funcionario o exfuncionario técnico vinculado a la entidad  y  el teniente de policia (r) Rodney Rengel.

Morillo también  pide determinar la eventual responsabilidad de servidores, operadores, asesores, proveedores, administradores de sistemas, personal técnico, custodios de servidores, funcionarios municipales y terceros que hubieren autorizado, ejecutado, facilitado, encubierto o aprovechado accesos no institucionales a SEGURA EP.

Según la Ministra, la acción  busca esclarecer si la infraestructura pública destinada a la seguridad ciudadana habría sido utilizada para fines distintos a su objeto legal, como un instrumento de espionaje, acceso a información reservada o privada y aprovechamiento con fines persecutorios y políticos, en lugar de contribuir a la prevención del delito, la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de la ciudadanía

De acuerdo con la denuncia, los hechos se relacionan con la presunta habilitación de una denominada “sala espejo” o enlace de acceso a los sistemas de videovigilancia de SEGURA EP. El cual habría permitido visualizar cámaras en tiempo real, revisar grabaciones, descargar videos, consultar georreferenciación y acceder a metadatos operativos.

Entre los posibles delitos que se solicita investigar constan peculado, violación a la intimidad, revelación ilegal de base de datos, interceptación ilegal de datos, acceso no consentido a sistemas informáticos, tráfico de influencias y otras infracciones conexas que puedan identificarse durante la investigación.

Como parte de las diligencias, se pide a la Fiscalía preservar evidencia técnica, registros de acceso, bitácoras, descargas, exportaciones de video, comandos de cámaras, accesos remotos, correos institucionales, órdenes administrativas, respaldos, servidores y equipos vinculados al sistema. Así como disponer el inicio de la investigación previa y ordene las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados

“Los recursos públicos destinados a la seguridad no pueden ser utilizados para intereses políticos, privados o extrainstitucionales. La seguridad ciudadana exige legalidad, transparencia, control y responsabilidad”, señaló la ministra Morillo.