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Viernes, 09 Febrero 2018 09:16

7 PAISES FINANCIARON MISION DE OEA QUE OBSERVO CONSULTA POPULAR Destacado

Escrito por  AgenciAne

QUITO,FEB.09( AgenciAne).- 7 países financiaron la presencia en Ecuador de la misión de expertos electorales de la OEA para que monitoreen la consulta popular del 4 de febrero.

 En este acto electoral los ecuatorianos decidieron eliminar las reelecciones indefinidas, sancionar con la muerte civil a todos los corruptos que se aprovechen de los recursos públicos y despidió a siete miembros del CPCCS.

También decidieron que nunca prescriba el castigo penal para todos aquellos que cometan atentados sexuales contra los niños y adolescentes, así como eliminar la ley de plusvalía que ser atentatoria para la economía de los pobres y garantías para la protección del ambiente,especialmente en las tareas de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos.

 La Misión integrada por 9 expertos para venir a Ecuador, recibió contribuciones financieras de Bolivia, Colombia, Corea del Sur, España, Estados Unidos y México. Según el informe preliminar presentado, estos países “hicieron posible su trabajo en Ecuador.”

En una clara interferencia en asuntos internos, gubernamentales y políticos, el Informe preliminar de la Misión, entre otras cosas, “ considera que muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional” y que como aún están algunos recursos pendientes ya sea por de inconstitucionalidad o por el control posterior, recomienda que la Corte Constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre la materia. Sumado a esto, contra la decisión que formalizó la convocatoria a referéndum y consulta popular se presentaron 42 recursos de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

“Todos los recursos sostuvieron, como argumento central, la inconstitucionalidad de la convocatoria ante la falta de un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional, así como algunos cuestionamientos de fondo al contenido de las preguntas,” agrega.

El Informe también señala que es necesario tener en cuenta que el 28 de diciembre de 2017 y el 18 de enero de 2018, tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitieron comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“ En estos documentos, formularon una denuncia por presunta violación a la Convención Americana de Derechos Humanos y solicitaron medidas cautelares. La Comisión remitió una solicitud de información al Estado otorgándole un plazo de 5 días para responder.

“Según información proporcionada por el Procurador General del Estado, se solicitó ampliación del plazo al mismo tiempo que se respondió esta solicitud dejando a salvo su derecho de remitir nueva documentación o información.

“El Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana regulan aspectos normativos y procedimentales que incluyen cuestiones tales como el proceso de convocatoria, la financiación y regulación de campañas. Sin embargo, la Misión constató que el marco normativo ecuatoriano no establece criterios específicos para la formulación de preguntas sometidas a la decisión de la ciudadanía (consulta, iniciativa o referendo, según sus diversas acepciones), “ asegura el citado Informe que ya está en manos del CNE y de las autoridades gubernamentales del Ecuador.

El CNE rechazó parte de este Informe y anunció que la queja llegará a la Secretaría General de la OEA en Washington.

 De otro lado el Informe “recomienda fortalecer el marco normativo que rige los procesos de democracia directa, incorporando lineamientos que vigilen la correcta formulación de las preguntas y garanticen la viabilidad de implementación de los resultados, previo a la celebración de la consulta y/o referéndum.Si bien el sistema interamericano no establece estándares específicos para la formulación de las preguntas, existen criterios internacionales señalados en el Código de Buenas Prácticas para Referéndums de la Comisión de Venecia que propone criterios como: a) claridad y neutralidad; b) unidad de forma y de contenido; y c) claridad sobre las consecuencias del voto”, que deberían ser tomados en cuenta.

 

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