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Jueves, 08 Febrero 2018 12:15

ECUADOR SE DEFIENDE ANTE AMENAZA EXTERNA A LA DEMOCRACIA Y ESTABILIDAD Destacado

Escrito por  AgenciAne

SAN JOSE DE COSTA RICA,FEB.08( AgenciAne)._ Ecuador emprendió el arduo camino de defender ante la CorteIDH su estabilidad institucional y democrática, así como el derecho que tienen los ecuatorianos de decidir, en las urnas, lo que más les convenga para su convivir social, político y económico.

Una misión que representa a las Funciones y Poderes del Estado establecidos en la Constitución Política, llegó a esta capital para pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que rechace un solicitud de la CIDH para que se desconozca la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 4 de febrero, mediante la cual se pronunció abrumadoramente en contra del llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,CPCCS y de sus miembros por atentar, ellos si, a la estabilidad democrática e institucional de la República.

El pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,CIDH es para que no se destituya a tres vocales del citado organismo.

Esta en manos de la Corte Interamericana acceder o desechar tal despropósito jurídico y totalmente ajeno a los principios que defiende la CIDH.

A la misión gubernamental se han unido voluntarios juristas que conocen sobre derechos humanos y libertades públicas para defender el derecho al sufragio ejercido por los ecuatorianos, sin embargo de que por encima de cualquier organismo o institucional nacional e internacional está la voluntad soberana del pueblo que en el caso ecuatoriano se pronunció masivamente en las urnas no solo para despedir a los malos funcionarios, sino para que se realicen rectificaciones en la conducción gubernamental.

En respaldo a la posición del gobierno del presidente Moreno los representantes de las Poderes y Funciones del Estado suscribieron una declaración que señala que es “legítima la voluntad soberana del pueblo” ecuatoriano expresada en las urnas el pasado 4 de febrero, en referéndum y consulta popular, por lo que exigen “respeto” a la decisión de la ciudadanía.

La Declaración además lo siguiente:

“Los representantes de la funciones del Estado reiteramos al país que el pronunciamiento emitido en las urnas el pasado 4 de febrero constituye una expresión clara y legítima de la voluntad soberana del pueblo, la misma que debe ser respetada, defendida y garantizada conforme al marco constitucional y legal vigente. Nos comprometemos a fortalecer la unidad y la institucionalidad democrática del país, en el marco de la autonomía e independencia de las funciones del Estado.”

El documento fue suscrito por el presidente Lenín Moreno, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villacís; el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; la presidenta de la Corta Nacional de Justicia, María Paulina Aguirre; el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Christian Cruz Rodríguez; el contralor General del Estado, Pablo Celi; el procurador General del Estado, Rafael Parreño; el delegado del presidente del Consejo de la Judicatura, Néstor Arbito; y el fiscal general, Carlos Baca.

El gobierno tildó de “insólita” solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte IDH, para que se emitan medidas provisionales en relación al referéndum que recibió el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano. A juicio de Ecuador, la CIDH actúa en este caso “sin apego a los procedimientos y al rigor jurídico” exigibles, además de atentar contra el derecho internacional y la democracia en Ecuador.

Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana llamó a consultas a su representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además alertó a los países hermanos del peligro para la democracia y la soberanía que supone una interferencia como la protagonizada por la CIDH, que puede suponer un “precedente nefasto” para el continente.

El presidente Lenín Morenohizo un llamado a los miembros de la Asamblea Nacional; a las autoridades nacionales, regionales y locales;prefectos, alcaldes y demás integrantes de los Gobiernos autónomos descentralizados a expresar su “férrea voluntad ” de defender la democracia y el estado de derecho en el país.

Del mismo modo, apeló a la “unidad del pueblo” para “rechazar esta intromisión en nuestro sistema democrático y en el derecho soberano de decidir nuestro presente y el futuro de nuestros hijos e hijas”.

 

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