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Viernes, 15 Diciembre 2017 20:25

CORREA Y PATIÑO DENUNCIAN EN OEA QUE MORENO QUIERE TOTAL CONTROL DE PODERES Destacado

Escrito por  ANE Agencia de Noticias de Ecuador

QUITO,DIC.15 ( AgenciAne)._ El ex presidente Rafael Correa Delgado y su ex canciller, Ricardo Patiño acudieron a la OEA, que tanto desprestigiaron, para denunciar el Presidente Lenin Moreno quiere apoderarse de todos los Poderes.

Correa y Patiño que fueron los más fervientes partidarios de hacer desaparecer a la OEA por incompetente y entremetido en los asuntos internos de los países, con la denuncia intenta frenar la decisión popular de desmontar todo la estructura que monto con miembros del movimiento PAIS para manejar los organismos de control fiscal, la justicia y otras funciones del Estado.

Según los denunciantes: “La enmienda propuesta tiene por objetivo nombrar un Consejo de Participación "propio",con todos los delegados del Ejecutivo y con poderes omnímodos,puesto que se pretende entregar la capacidad de evaluar y destituir al resto de autoridades de control, y otras que son nominadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incluyendo la propia Corte Constitucional.Esta pretensión contradice lo dispuesto en el Art.120, numeral 9 de la Constitución de la República, que señala que le corresponde a la Asamblea fiscalizar los actos de las otras funciones del Estado;además de la autonomía consagrada para diferentes instituciones por la propia Constitución. La Corte Constitucional, por ser el organismo de cierre del control constitucional, no puede ser objeto de fiscalización, según el mandato del Artículo 431 de la Constitución y menos aún por parte de un Consejo Provisional, es decir, además del manejo de la función ejecutiva, el Presidente de la República tendría el control de las otras 4 funciones del Estado: Función Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura; Fiscalía General del Estado; Consejo Nacional Electoral,Tribunal Contencioso Electoral; Consejo de participación ciudadana y control social;Contraloría General del Estado;Procuraduría General del Estado;Defensoría Pública Defensoría del Pueblo Superintendentes: Bancos y seguros,Compañías,Economía popular y solidaria y Ordenamiento territorial Control de mercado Comunicación.

Quienes hicieron lo imposible por reemplazar a la OEA por la CELAC o UNASUR presentaron un petitorio de 14 páginas en el que puntualizan las razones jurídicas y políticas para que el Consejo Permanente o la misma Asamblea de la OEA tomen una decisión sobre lo ocurrido en Ecuador tras la convocatoria a consulta popular que plantea poner fin a la norma constitucional de reelección indefinida de los presidentes de la República.

El documento firmado por Patiño señala que acuden a dicho Organismo para “ denunciar los hechos acontecidos en la República del Ecuador, desde el día 2 de octubre en adelante y hasta el presente, en el que se observa una explícita alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático y del Estado de Derecho.”

Aseguran que esta “situación de menoscabo del Estado Constitucional debe ser denunciada internacionalmente debido a la gravedad de los hechos y de la vulneración de derechos en flagrante atropello de la Convención Americana y sus instrumentos normativos derivados, como la Carta Democrática lnteramericana (COI), específicamente su artículo 20."

Solicitan al Secretario General,Luis Almagro que:

“Se exprese respecto de la alteración grave del orden constitucional que afecta el orden democrático en el Ecuador, alteración llevada a cabo por el presidente Lenin Moreno Garcés, quien ha convocado a una Consulta Popular y Referéndum, los cuales, tanto en la forma de convocatoria, como en el tratamiento del fondo, son objetiva y claramente inconstitucionales, omitiendo y transgrediendo disposiciones y procedimientos constitucionales, con parcializado y mal intencionado propósito político.”

Que se ha convocado al referéndum y consulta en mención,"2 omitiendo lo establecido en el articulo 104 y 438 de la Constitución, que establecen la necesidad de un dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, situación que no se ha cumplido y se ha omitido de forma intencionada.Además, se transgrede el art. 443 de la Constitución de la República que señala expresamente que es la Corte Constitucional y no el presidente de la República es quien debe establecer el procedimiento para llevar adelante las reformas constitucionales."

Que es “falso, como alega la Presidencia de la República, que los tiempos o plazos hayan excedido el tiempo permitido por la ley, ya que la propia presidencia participó con sus delegados en las audiencias públicas realizadas en la Corte Constitucional y fueron notificados fehacientemente, por el órgano máximo de interpretación constitucional, respecto de la suspensión reglamentaria de los plazos para realizar las respectivas audiencias públicas, con la finalidad de que participe la ciudadanía mediante la figura del amicus curiae. Además de que en ningún caso manifestaron ninguna objeción o mención a los plazos o términos del proceso. Los plazos vencían el 7 de diciembre del 2017 y de forma malintencionada por decreto ejecutivo transgreden la Constitución y convocan al ilegal referéndum y consulta. Aún más cuando la presidencia conocía que la Corte Constitucional había fijado para el 5 de diciembre del 2017, el tratamiento de la consulta en el Pleno y sobre todo que se filtró a través de la prensa y redes sociales que la jueza ponente había realizado un dictamen en el que expresamente señalaba la inconstitucionalidad de algunas de las preguntas, específicamente las 2 y 3.”

“Que manifieste la preocupante alteración grave del orden constitucional ante los Decretos N 229 y 230 emitidos por el Señor Presidente de la República, por contravenir expresas disposiciones constitucionales y convencionales.”

Que las “graves consecuencias de que se permita la realización de la ilegal e inconstitucional, consulta y referéndum, provocaría un rompimiento constitucional y ataque directo a los principios de división de poderes e independencia de funciones, ya que, de aprobarse la pregunta No. 3, el ejecutivo tendría poderes absolutos, para, a través de sus delegados, destituir y después designar a todas las autoridades de control, judiciales, electorales y jueces de la Corte Constitucional, además de entregar al Consejo de Participación Ciudadana "transitorio" las competencias exclusivas de fiscalización que le corresponden constitucionalmente a la Asamblea Nacional, todo lo cual viola claramente el artículo 3 de la Carta Democrática lnteramericana.”

Finalmente Patiño, firmante único del documento solicita a Almagro:

Que “convoque al Consejo Permanente, y active la Carta Democrática en los términos del art. 20, por la grave alteración al orden constitucional llevado a cabo por el presidente Lenin Moreno Garcés. Comprobada la alteración grave del orden constitucional a la luz de los art. 3 y 4 de la COI, que a su vez afecta el orden democrático, se solicita al Secretario General, que convoque al Consejo Permanente para que analice la alteración grave del orden constitucional, realice tas gestiones diplomáticas correspondientes para normalizar la situación, y, de ser el caso, convoque a sesiones extraordinarias a la Asamblea General.

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