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Cosas que se consideraban antes impensables en América Latina, están ocurriendo. Crecimiento económico acumulado de 80% y disminución de la pobreza de 30 % en los últimos diez años; la única región del mundo en la que la desigualdad ha disminuido. Pero más allá de indicadores, desarrollos notables en materia de democracia y derechos humanos hacia una gradual integración regional en torno a valores fundamentales como esos.

Mientras muchos de nosotros estábamos concentrados en las noticias sobre los atentados de Boston, las cuestionadas elecciones de Venezuela y los ruidos de guerra de Corea del Norte en estas últimas semanas, los países más grandes del mundo dieron un paso potencialmente histórico: acordaron un nuevo sistema para intercambiar informacion bancaria y acabar con los paraísos fiscales.

En vísperas de las elecciones en las que Venezuela deberá escoger entre Maduro o Capriles para dirigir los destinos del país, varios medios de comunicación reproducen un editorial del washington Post en el que afirma que el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, “podría lamentar su victoria” en las elecciones del domingo próximo porque tendrá que lidiar con el legado de Hugo Chávez.

El editorial destaca que las elecciones venezolanas no contarán con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea ni de la Organización de Estados Americanos (OEA) y añade que “no es una sorpresa que las encuestas muestren que Maduro ganará esta contienda”.

“Y si por azar no gana, es poco probable que el régimen acepte el resultado”, agrega el editorial. “El mismo Maduro declaró recientemente que la respuesta sería ‘un levantamiento popular'”.

“Pero Maduro podría llegar a lamentar su triunfo” , advierte el Post.

“Chávez dejó un desastre extraordinario que incluye la inflación galopante, la escasez grave de energía y bienes de consumo y una de las tasas de homicidios más altas del mundo”, indica el editorial.

“Las exportaciones de petróleo, que han mantenido el país a flote, están disminuyendo”, apunta. “Probablemente ni el mismo Chávez podría haber asegurado la tolerancia de los pobres del país por el duro remezón económico que se avecina. Y Maduro, seguramente, no la tendrá”.

El editorial señala que Maduro, un exconductor de autobuses, de 50 años de edad, “obviamente falto de carisma, va a los extremos para vincularse con su mentor, y eso no es una sorpresa”.

“Tampoco es una sorpresa, desafortunadamente, la forma en que el gobierno maneja la elección”, afirma. “En violación de la constitución venezolana a Maduro se le declaró presidente después de la muerte de Chávez, dándole vastos poderes sobre el gasto y los medios del Estado”, añade.

Maduro “ordena regularmente cadenas nacionales de televisión en las cuales él promete que resolverá los enormes problemas del país y lanza vituperios al dirigente opositor Henrique Capriles”.

“Las fuerzas armadas y la empresa estatal petrolera, las dos instituciones mayores de Venezuela, se han movilizado descaradamente en apoyo de Maduro”, según el editorial.

En contraste “a la campaña de Capriles se le han asignado cuatro minutos de difusión diaria en los múltiples canales de la televisión estatal, y a sus representantes se les ha negado el acceso al centro de escrutinio de votos en la noche de la elección”, apunta el Post.

El inciso 2 N. 2 del art. 11 de la Constitución manda: “nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil,…”.

El art. 36 de la misma Constitución dispone que “se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 65 años de edad”. En los arts. siguientes se anota que el Estado garantizará a las personas adultas mayores entre otros beneficios atención gratuita y especializada en salud, trabajo remunerado en funciones de sus capacidades para lo cual tomara en cuenta sus limitaciones.

A pesar de lo dicho muchas personas adultas mayores (que tienen una juventud acumulada) son removidas de sus funciones que tienen en las instituciones del Estado con la figura de la renuncia obligatoria.

Las razones para separarlos de sus cargos en algunos casos pueden ser valederas pero en otros se consagra una injusticia. Toda vez que esas personas están en capacidad de trabajar. Los hechos anotados vienen creando en la sociedad angustia. Hablar de renuncia obligatoria resulta una incoherencia por decir lo menos, es como si dijéramos que los divorcios por mutuo consentimiento son obligatorios.

La situación de los adultos mayores que provoca desazón en sus conductas también se suscita en otros países. En la revista Ercilla N. 3471 del 4 al 17 de marzo del año 2.013 que se edita en Santiago de Chile se lee lo siguiente:

“Si nos afirmamos en esta última mirada, si miramos no a las edades sino a las capacidades que los tiempos y las tecnología de salud han puesto a disposición de la gente, bien puede suceder, entonces, que el supuesto envejecimiento de la población chilena, visto así desde el punto de vista puramente biológico, vaya acompañado de un rejuvenecimiento en los demás sentidos. En efecto, ¿Por qué hemos de considerar, como se hacía en el pasado, que los 65 años es la edad en que uno debe retirarse?. ¿No dice la propia ciencia médica que dicha edad corresponde, hoy, a lo que antes era un adulto de 30 o 40 años?”.

Separar de sus trabajos a las personas que están llegando a los 65 años no solo se priva de trabajo a esas personas sino que se perjudica a la comunidad y las instituciones. La Universidad Central de Quito está padeciendo porque se pretende que en los días venideros se separe de sus cargos a muchos adultos mayores que son profesores eficientes.

Para el desarrollo del país es necesario que trabajen todos los que pueden trabajar. Recuerdo con frecuencia que un ex Presidente de la Republica solía repetir “Si la vejez pudiese lo que la juventud puede y si la juventud supiese lo que la vejez sabe el mundo sería mejor”